En estos días hemos sido testigos de un acontecimiento de trascendencia histórica: la actuación militar de los Estados Unidos en territorio venezolano, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para ser juzgado por cargos penales. Este suceso constituye una evidencia más de que el denominado derecho internacional público universal no existe.

Desde hace décadas, el discurso hegemónico ha proclamado que las naciones se rigen por un derecho internacional articulado en la Carta de las Naciones Unidas, en principios de soberanía estatal, no intervención y solución pacífica de controversias. Sin embargo, la práctica de estos principios ha sido siempre modulada por la correlación de fuerzas entre los Estados. La intervención militar unilateral de una gran potencia para derrocar, detener y administrar a otro Estado —argumentada en la persecución de delitos de sus autoridades— pone de manifiesto la inexistencia de un orden jurídico público universal.

El derecho internacional sólo sería realmente universal si existiese una policía mundial, jueces mundiales y legisladores mundiales con autoridad real para imponer decisiones. Hoy comprobamos que tales instituciones no existen —más allá de enunciados retóricos—, y que lo que verdaderamente rige las relaciones internacionales es la lógica del más fuerte: el Estado con mayor capacidad militar, económica y tecnológica impone sus decisiones y define lo que le conviene llamar «legal» o «ilegal».

La operación estadounidense en Caracas, sin mandato de la Organización de las Naciones Unidas ni autorización de un órgano legítimo con competencia universal, demuestra que en las relaciones internacionales priman el interés, la conveniencia y la fuerza sobre los principios, la ideología y el derecho. Aun cuando la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza excepto en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad, esa misma Carta se ha convertido en letra muerta frente a la voluntad de quien puede imponer sus intereses y criterios.

Esta lógica se confirma porque, al caer Maduro, no sólo se violaron fronteras, sino que, más allá, se pretende administrar —aunque sea temporalmente— el Estado venezolano, sus recursos y su destino político. Ese ejercicio de poder no se basa en ninguna autoridad jurídica superior, sino en la fuerza y la capacidad de ejecutar decisiones unilateralmente.

Juristas y académicos independientes señalarán que no existe una justificación sólida en el derecho internacional para legitimar esta intervención —ni bajo la excusa de autodefensa, ni bajo el supuesto de lucha contra el narcotráfico, ni bajo ninguna figura que las normas internacionales reconozcan como válida sin consentimiento—. Da igual.

Si consideramos que incluso los tribunales supremos y los órganos encargados de interpretar el derecho internacional carecen de poder real para hacer cumplir sus decisiones ante una potencia que las ignora, la conclusión es inevitable: el derecho internacional no es un orden jurídico universal coercible, sino un conjunto de normas que sólo se aplican cuando los Estados poderosos así lo desean.

La captura de Maduro y la acción militar en Venezuela reflejan, pues, la vigencia de una política internacional gobernada por intereses y relaciones de fuerza, no por principios jurídicos universales. Esto no significa que el derecho internacional carezca de valor alguno —sirve como referencia, como aspiración normativa y como instrumento de crítica—, pero sí evidencia que no constituye un orden jurídico superior con capacidad de regulación objetiva sobre todos los Estados.

En definitiva, el caso de Venezuela no es una anomalía: es la manifestación más diáfana de una realidad que negamos a fuerza de retórica: la universalización del derecho internacional público es una quimera.