El nuevo proyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no es, como pretenden sus redactores, una simple modernización o adaptación a los nuevos tiempos. Es, en esencia, la puntilla a la ya inexistente independencia del Ministerio Fiscal, cuyo sometimiento al ejecutivo lleva años intensificándose, y que con esta reforma se convierte, ya sin tapujos, en el brazo ejecutor de la voluntad política del Gobierno de turno en la Justicia.

Su impulso obedece a dos razones: Las exigencias europeas ante la resaca de los escándalos judiciales que afecta al fiscal general del Estado; y el necesario maquillaje para aparentar independencia en la pretensión de entregar la instrucción penal a la Fiscalía y tener el control absoluto sobre las causas criminales. Sin embargo, se trata del maquillaje de un cadáver para aparentar una vida que ya se apagó y que se va a enterrar definitivamente.

Los defensores del proyecto alegan que la reforma otorga mayor autonomía a la Fiscalía. Nada más lejos de la realidad. Se trata de una trampa semántica. La pretendida «autonomía» no es tal si el fiscal general del Estado sigue siendo nombrado por el Gobierno. Desvincular un año del ciclo político su mandato es ridículo si la instrucción de procedimientos sigue dependiendo jerárquicamente de esa figura. La independencia no se proclama; se garantiza estructuralmente. Y lo cierto es que esta reforma no hace sino profundizar en una estructura piramidal, altamente centralizada y, por tanto, vulnerable al control político.

Uno de los aspectos más preocupantes es el debilitamiento de los órganos internos de control. El Consejo Fiscal, ya de por sí con funciones meramente consultivas, pierde peso real, mientras se refuerza la capacidad del fiscal general del Estado para dictar instrucciones vinculantes sin contrapesos.

¿Acaso no aprendimos nada del uso partidista de la Fiscalía en los casos más recientes de corrupción, secesionismo y politización de la justicia? Lejos de corregir esas derivas, el proyecto las institucionaliza.

Otro de los ejes del proyecto es la defensa de la «unidad de actuación» del Ministerio Fiscal. Bajo esta consigna se justifica el reforzamiento de la disciplina jerárquica, ya de por sí férrea hasta el momento. Pero en la práctica, esta «unidad» implicará una ineludible uniformidad impuesta desde arriba. Se margina la discrecionalidad técnica de los fiscales en favor de la obediencia institucional. Se sacrifica el criterio profesional independiente al altar de la conveniencia política.

La experiencia reciente demuestra que el fiscal general del Estado actúa como comisario político en lugar de como garante de la legalidad. La reforma, lejos de corregir esta realidad, la consagra. Se permite que la Fiscalía oriente su actividad según los intereses estratégicos del ejecutivo, desde la priorización de ciertos delitos a la inacción en otros.

Este proyecto de reforma somete aún más al Ministerio Fiscal de cara a la reforma procesal que suprime a los jueces de instrucción y le confiere tal importante labor. Se presenta como una modernización técnica, pero es en realidad una operación política. Una más en la hoja de ruta hacia un modelo de justicia subordinada, donde incluso la independencia personal sea mera retórica vacía.

El Ministerio Fiscal no necesita una reforma. Necesita una reestructuración orgánica que lo emancipe del ejecutivo, que lo sitúe bajo el mismo gobierno separado de la justicia como un verdadero garante de legalidad, quedando así blindado frente a las presiones del poder político. Mientras eso no ocurra, todo lo demás es maquillaje para un cadáver. Y del malo.