«La Justicia no está politizada. Creo que los jueces trabajan con absoluta honestidad, responsabilidad y ética profesional». María Josefa Barbarín, la nueva presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, se mostró así de tajante al descartar la politización de la Justicia en España durante su toma de posesión el pasado 2 de abril. «Otra cuestión es que a veces sean los políticos los que pretenden utilizarla, porque el juego político sin duda es voraz», añadió ante los medios de comunicación allí presentes confundiendo la independencia personal de los jueces con la institucional de la Justicia.
Uno de los temas más trascendentales en la construcción de una democracia formal radica en la independencia de la Justicia. Sin embargo, existe una confusión recurrente entre dos conceptos que son fundamentalmente distintos: la independencia institucional de la Justicia y la independencia personal de quienes han de aplicarla. Y siendo las dos básicas, la primera es insubsanable y presupuesto de la segunda.
La independencia personal de los jueces se refiere a la libertad individual de cada magistrado para tomar decisiones conforme a su criterio jurídico, sin estar sometido a presiones externas, ya sean políticas, económicas o sociales. Es una condición indispensable para el ejercicio honesto de la función jurisdiccional. Sin embargo, esta autonomía personal, aunque vital, no basta por sí sola para garantizar la justicia. Sin un entorno institucional que ampare y proteja esa independencia personal, los esfuerzos individuales son como hojas al viento: vulnerables y susceptibles a ser arrastrados por los intereses de los poderosos.
Por otro lado, la independencia institucional de la Justicia es mucho más amplia y esencial. Consiste en la capacidad de la Justicia, como entidad colectiva, de operar autónomamente dentro del marco del Estado, sin subordinación ni intromisión de los poderes políticos. Esto implica que las instituciones que conforman el sistema judicial deben estar diseñadas, organizadas y protegidas de manera que sus miembros puedan actuar con plena libertad. Es decir, es la estructura misma del sistema judicial la que debe ser impermeable a las influencias externas.
¿Por qué la independencia institucional es aún más importante? Porque solo a través de ella se puede desarrollar la independencia personal. Sin una arquitectura institucional sólida, los jueces se ven expuestos a una constante amenaza de represalias, manipulación o coacción. Es el marco institucional el que blinda al coloquialmente llamado poder judicial contra las interferencias y garantiza el equilibrio de poderes en una democracia.
Imaginemos un caso en el que un juez aislado, actuando desde su independencia personal, dicta una resolución en contra de los intereses de un alto dirigente político o económico. Si no existe un sistema institucional que lo respalde, ese juez podría enfrentar represalias que comprometan su seguridad, su carrera o incluso su vida. La independencia institucional actúa como el escudo que protege no solo a ese juez, sino a todos los actores del sistema judicial, permitiendo así que la Justicia se ejerza de manera imparcial y efectiva.
En conclusión, mientras que la independencia personal de los jueces y magistrados es crucial para garantizar decisiones individuales justas, es la independencia institucional la que establece las bases sólidas sobre las cuales se edifica una Justicia verdaderamente imparcial. Sin el amparo institucional, la independencia personal se convierte en una quimera. Y la actual Constitución Española, en su artículo 117, únicamente se ocupa de esa independencia personal de jueces y magistrados, de ahí que hable de ellos en plural como independientes, inamovibles y solo sometidos a la ley. Por mucho que nuestra reciente nombrada magistrada presidente de Sala diga lo contrario.
