Los últimos casos de acoso sexual y laboral en el interior de los partidos políticos no deben analizarse como episodios aislados ni como meros fallos éticos individuales. Constituyen, en realidad, patologías propias de estructuras cerradas de poder, donde la jerarquía sustituye a la lealtad y la obediencia al criterio.
La partidocracia no es un sistema de representación ciudadana, sino de ocupación del poder por oligarquías organizadas que integran a las masas en el Estado. En ese marco institucional, los partidos funcionan como corporaciones disciplinarias: reparten cargos, controlan trayectorias vitales y administran castigos. Así es normal, y obedece a su propia ontología, que el abuso deje de ser una desviación para convertirse en una consecuencia lógica.
Con mi experiencia profesional como abogado en casos de acoso escolar y laboral puedo llegar a decir sin temor a equivocarme que existe un paralelismo inquietante: los mecanismos del acoso son estructuralmente idénticos, ya se den en un centro educativo, en una empresa o en un partido político. Siempre aparece una relación asimétrica de poder, un entorno que normaliza el silencio y una institución que protege su reputación antes que a la víctima.
En los casos de acoso escolar, el daño no se perpetúa solo por la acción del acosador, sino por la inacción de la institución: direcciones que minimizan, inspecciones que miran a otro lado, protocolos que se activan tarde o nunca. Exactamente lo mismo ocurre en los partidos políticos. El aparato no investiga o lo hace tarde. No protege, no repara. Solo administra daños.
El acoso dentro de los partidos se agrava porque el puesto no depende de un contrato protegido por el derecho común, sino de una fidelidad política personal. La víctima sabe que denunciar equivale a quedar fuera de las listas, de los despachos y de cualquier futuro profesional. Y cuando ese acoso es de naturaleza sexual, el patrón es aún más claro: el abuso se produce allí donde alguien tiene en sus manos el futuro del otro.
La supuesta posición de garante del centro escolar se desvirtúa aún más —y el peligro de acoso se intensifica—, en el caso de los partidos políticos estatalizados, en los que la relación de poder se disfraza de liderazgo, mentoría o confianza orgánica. El resultado es el mismo: consentimiento viciado, miedo racional, silencio impuesto e indefensión aprendida.
Así, los protocolos internos no sirven como garantías jurídicas, sino que se convierten en instrumentos defensivos de la institución. El protocolo, supuestamente defensor de la víctima, se convierte en una coartada con solo seguirlo formalmente rellenando un expediente.
El error habitual del análisis mediático consiste en reducir estos casos a un problema de personas concretas o de contradicciones morales («el partido predica igualdad»). Esa lectura ignora lo esencial: el abuso es sistémico porque el sistema es irresponsable. Los partidos no rinden cuentas a los ciudadanos, sino al Estado que los financia y a los aparatos que los sostienen.
Como ocurre con el acoso escolar no abordado a tiempo, el daño no desaparece con la expulsión tardía del agresor. La víctima queda marcada, la institución no aprende y el mensaje implícito permanece: denunciar no compensa.
Mientras no exista libertad política —esto es, control real de los representantes por los representados— y los partidos pertenezcan a la sociedad civil y no al Estado, seguirán siendo espacios propicios para el abuso. El acoso en su seno no es una anomalía moral: es el síntoma de una estructura brutal de poder.
