Los recientes nombramientos realizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han encontrado con el rechazo de la asociación Foro Judicial Independiente (FJI). La queja se refiere concretamente a los treinta y dos nombramientos que el pasado 29 de enero realizara el pleno del CGPJ, todos ellos además por unanimidad, después de negociarse su reparto entre los vocales del órgano: «Llevamos años criticando que el nombramiento de los altos cargos judiciales esté vinculado inescindiblemente al reparto por los partidos políticos de los vocales del CGPJ, dado que son quienes les nombran», ha criticado esta asociación de jueces a través de un comunicado publicado este 3 de febrero. «La unanimidad alcanzada demuestra que las plazas se han negociado en bloque para un mejor reparto entre los dos grupos del CGPJ», lamentan.
La asociación incita seguidamente a los jueces a no «permanecer pasivos». Y con ello, a pelear «más que nunca por despolitizar instituciones claves para la carrera, como el CGPJ». Pero no nos dicen cómo ha de llevarse a cabo esa pelea. Y no es muy alentador que el FJI capitaneara la primera huelga de jueces de España, para luego abandonar a las primeras ofertas ministeriales de sueldo y vacación.
Por otro lado, remontan el pecado original a la reforma del sistema de elección de vocales operada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, cuando el vicio capital es tan anterior y básico como una falsa Constitución, la de 1978, que no separa los poderes del Estado en origen ni instituye la independencia judicial. Si como parece, todo se reduce a la defensa de una suerte de deber ético personal de los jueces, a la elección del gobierno de la justicia sólo por estos y al consenso de los parasindicatos judiciales, estas quejas no servirán para nada.
La lucha a que se refiere esta asociación pasa por la valentía de proponer los mecanismos institucionales inteligentes que garanticen la independencia orgánica, funcional y económica de la Justicia y entre estos, la elección de un Consejo de Justicia que sustituya al actual CGPJ y que sea elegido a la manera presidencial, entre todos los profesionales de la justicia, no solo por jueces.