El Rey Juan Carlos tendrá que pasar un mal trago el próximo lunes: el juez Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, con quien le une una camaradería propia de la campechanía de ambos, testimoniada por el afecto que reflejan múltiples fotografías en actos públicos, buscará el amparo de la capa de armiño real para cubrir las verguenzas de sus viajes y cenas privadas pagadas con fondos públicos con su querido escolta, el policía Jerónimo Escorial.

 

Según informa El Confidencial, para evitar esa escena Dívar tendría que dimitir el próximo sábado en un pleno extraordinario. Tal y como pretendían, los vocales críticos han conseguido anticipar su celebración antes de los actos conmemorativos del Bicentenario del Tribunal Supremo (TS) del lunes 18 bajo la presidencia del Rey Juan Carlos. Dívar había intentado demorar el pleno hasta el jueves 21, lo que le permitiría protagonizar un acto al que ha invitado a numerosas personalidades políticas y judiciales.

 

Y para colmo, sigue el goteo del escándalo, que se multiplica una y otra vez: el diario canario La Provincia ha informado que Dívar y Escorial utilizaron también fondos públicos y un coche oficial para un viaje a Fuerteventura. Fuentes conocedoras de los viajes de Dívar a Fuerteventura, aseguran que acude “unas dos veces al año como mínimo” y elige para pasar sus días de asueto uno de los grandes hoteles de lujo del municipio de La Oliva, que tienen como visión privilegiada desde sus balcones la isla de Lobos.

 

Pese a que Dívar costea estos fines de semana de su bolsillo, “de dos a cuatro días”, destacan fuentes judiciales, sí solicita a la dirección insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura que le ponga un coche oficial a su disposición. Las mismas fuentes afirman que pidió a Eustaquio Santana Gil, director insular del Estado, el vehículo en varias ocasiones para sus desplazamientos personales y que, incluso, llegó a enfadarse en una ocasión porque no había disponibilidad, así que hicieron reincorporarse a uno de los conductores que estaba de vacaciones para que atendiese a él y a Escorial.

El único tema del orden del día es abordar la crisis que atraviesa el órgano de gobierno de los jueces desde que se conocieron los viajes particulares de Dívar, fundamentalmente a Marbella y en prolongados fines de semana, con cargo al presupuesto del CGPJ. Los vocales Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Félix Azón y Carles Cruz presentaron ayer un escrito en los que critican con dureza los mencionados viajes, que consideran “incompatibles con los principios de transparencia y austeridad exigibles a todo responsable público”. Los vocales dicen que la conducta de su presidente ha hecho que sse extienda la opinión generalizada de que todos utilizan los fondos para asuntos propios.

 

El vocal José Manuel Gómez Benítez, que denunció a la Fiscalía General del Estado los viajes de Dívar, solicitó también la convocatoria inmediata del pleno, en su caso lo hizo en solitario, para la remoción del presidente. El escrito presentado por Gómez Benítez al secretario general del CGPJ,  Celso Rodríguez, califica de “escándalo” los viajes del presidente a Marbella que, además, son “oficialmente inexplicables e inexplicados”. “La remoción del cargo de quien tanto escándalo ante la opinión pública, perjuicio de las instituciones que preside y daño a la imagen de los jueces está ocasionando no es solo imperativo político, sino también ético”.

 

Si Dívar decidiera no dimitir, tendría que recibir al Monarca el lunes. Una foto que no beneficia a la Casa Real después del polémico viaje de Su Majestad a Botswana para cazar elefantes. Un portavoz de La Zarzuela manifestó ayer a este diario que la agenda del Monarca para la próxima semana no se cerrará hasta mañana viernes y eludió confirmar si participará o no en los eventos del Bicentenario, y mucho menos especular con el impacto que tendría en la opinión pública la fotografía institucional del Rey con Dívar.

 

El archivo de la querella contra el presidente del CGPJ acordada ayer por la Sala Segunda del TS por once votos frente a cuatro, avivó el cerco contra Dívar, al que empiezan a retirarle los apoyos algunos de los siete vocales que hasta ahora le apoyaban. Su cese sólo es posible si lo piden las tres quintas partes del pleno del Consejo (12 vocales), y en este momento no está claro cuántos mantendrían su apoyo. De llegar hasta el pleno extraordinario y perder la votación, Dívar se vería obligado a abandonar la judicatura por la puerta de atrás.

 

Evitar esta situación ha llevado a algunos vocales afectos y a magistrados del Supremo a plantear a Dívar la conveniencia de su dimisión para no prolongar más una situación que está deteriorando de manera grave la imagen de la Justicia, muy desacreditada desde que trascendieron sus viajes, fundamentalmente a Marbella y en fin de semana, con cargo a los presupuestos del Consejo.

 

 

La Sala Segunda del TS salvó ayer la cara a Dívar al archivar la querella por presunta malversación de caudales público al considerar que no hay delito en su comportamiento, pero el foco no está ya en la inexistencia de responsabilidad penal, sino en la trascendencia ética del mismo en un momento de crisis en el que se exigen todo tipo de sacrificios a los ciudadanos.

 

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