La familia, el sindicato y el municipio eran los tres pilares sobre los que se asentaba la llamada «democracia orgánica», aquel eufemismo con el que el régimen franquista pretendía legitimarse.

Es natural que todo régimen político tienda a legitimarse, y todos lo hacen: Corea del Norte, Rusia, China, Cuba, Venezuela o las dictaduras africanas se autodefinen como democracias o repúblicas. Todos recurren a ese tipo de etiquetas que pretenden denotar cierta calidad institucional, pero que terminan vaciando de contenido el significado original del significante. Por ejemplo, el artículo 1 de la «Constitución» china recoge que «la República Popular China es un Estado socialista bajo la dictadura democrática popular liderada por la clase obrera y basado en la alianza de obreros y campesinos». Todo es democracia, incluso las dictaduras.

Es evidente que sería una insensatez comparar el franquismo o las mencionadas dictaduras con el régimen actual español. Vivimos en un régimen de libertades; eso está claro. Pero régimen de libertades no equivale a sistema democrático. Puede haber libertades individuales sin democracia, pero no puede haber democracia sin libertad. Resulta curioso que, si observamos un mapamundi y atendemos al pensamiento dominante en los países occidentales, salvo unas pocas dictaduras que existen en el mundo, al resto se las denomine democracias. Es decir, democracia es aquello que no es dictadura, y viceversa.

En Economía, cualquier manual básico distingue entre (1) los mercados de competencia perfecta, (2) los mercados en oligopolio y (3) los mercados en monopolio. En cambio, los manuales de Ciencia Política trabajan únicamente con dos sistemas o regímenes de poder: democracias y dictaduras, obviando el término oligarquía, que tanto desarrollo tuvo en los clásicos —como Platón y Aristóteles— y en los modernos —como Thomas Hobbes y Montesquieu—. Aunque no aparezca en los libros actuales, es natural que también existan oligarquías, y resulta lógico que España haya pasado de una dictadura a una oligarquía, lo cual es, además, congruente con la anaciclosis de la que hablara el historiador griego Polibio.

Es mucho más sensato y realista llamar a las cosas por su nombre. En España son las cúpulas de los partidos las que, a partir de una votación proporcional a listas, confeccionan también proporcionalmente las cuotas de poder en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tampoco se enseña en las universidades, ni se dice en las televisiones, que existen dos sistemas: el uninominal y el proporcional. Ni se espera que se diga, porque un ciudadano bien informado sabría que no hay color entre uno y otro, siendo el sistema uninominal el único que permite la representación política. En España hay una oligarquía de partidos estatales.

Cuando cinco o seis personas confeccionan unas listas cerradas y bloqueadas, y el ciudadano no tiene más opción que convalidarlas una vez cada cuatro años —sin posibilidad de alterarlas ni modificarlas, y sin posibilidad de revocar el mandato si el mandatario incumple su promesa—, eso, en Ciencia Política se denomina oligarquía. Porque hay cinco o seis señores que eligen quiénes van a ser los diputados, y después se reúnen para elegir quiénes serán los jueces, hasta el punto de que ya nos han acostumbrado a oír hablar de que hay jueces «progresistas» y jueces «conservadores», cuando no directamente antiguos miembros de un partido, nombrados por el mandamás de turno. Como si los jueces no tuvieran que ser absolutamente independientes del poder político. 

Incluso hoy en día se coloca, sin ningún rubor, a los amigos en las instituciones: Agencia EFE, el CIS, embajadas, RTVE, Correos, Indra, consejos de administración de las grandes empresas, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, Renfe, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, AENA, CNMC, Hispasat y un largo etcétera. Se duplican los cargos también en diputaciones, comunidades autónomas y en la suculenta agencia de colocación que es la inane burocracia de la Unión Europea. Un sinfín de instituciones cuyos cargos y plazas son ocupados por nombramiento de los jefes de los partidos políticos, donde medran nepotes y colegas con carné del partido. William Shakespeare escribió que «si los cargos, los grados, las plazas no se obtuviesen por corrupción, si los honores puros sólo fueran comprados al precio del mérito, qué de gente desnuda estaría cubierta, qué de gente con mando estaría mandada». Pero cuando el poder estatal no está controlado por la sociedad gobernada, éste se expande y coopta a familiares y correligionarios que entran en política a «vivir de» en lugar de a «vivir para». Esa es la política española. 

Los partidos políticos han pasado de ser el medio por el que la sociedad penetra en el Estado a convertirse en los órganos con los que el Estado penetra en la sociedad, no ya para protegerla, sino para controlarla. Pero qué suerte tenemos los españoles: lo llaman democracia.