La partitocracia española, degeneración institucional del Estado de partidos surgido del fraude constituyente del 78, no cesa en su obra de disolución de toda apariencia de separación de poderes e independencia judicial. Esta vez el teatro de operaciones se traslada al Tribunal Supremo. Los titulares recientes nos hablan de la retirada repentina de las candidaturas de magistrados progresistas, allanando así el camino para que Pablo Lucas y Andrés Martínez Arrieta, presidan las Salas Segunda y Tercera correspondientes a lo Penal y a lo Contencioso-Administrativo, respectivamente. ¿Casualidad? ¿Juego interno de méritos? ¡Nada de eso! Estamos ante un nuevo episodio del intercambio de favores, el canje partidista de cromos, con implicaciones que trascienden lo meramente judicial.

Coincide, cómo no, esta retirada de aspirantes con la admisión del recurso del ministro Félix Bolaños contra su imputación en la causa seguida por el juez Peinado. Y el lector avisado no puede dejar de preguntarse: ¿cómo es posible que las piezas de este rompecabezas encajen con tanta precisión en beneficio de la clase política? La respuesta es la misma de siempre: el Estado de partidos controla todo órgano jurisdiccional superior mediante cuotas, afinidades y silencios pactados.

Este reparto del Supremo, donde las ideologías aparentes se supeditan a la razón de Estado, enmascara un pacto tácito: tú retiras tu candidatura, yo garantizo tu promoción futura o te reservo una posición más segura, y a cambio cerramos el paso a jueces incómodos que puedan dar curso a causas que comprometan al ejecutivo. El nombramiento de afines no responde a criterios de justicia, sino de oportunidad política.

Y si esto no bastara, la imputación del exministro Cristóbal Montoro por malversación, sumada al despiece progresivo de la Agencia Tributaria, revela otra línea del mismo patrón: el desmantelamiento controlado de los instrumentos de unidad de actuación fiscal como moneda de cambio para los pactos con el separatismo catalán. A Montoro se le sacrifica ahora en el altar del consenso —años después de su nefasta amnistía fiscal y su ingeniería de favores a comunidades díscolas— para desprestigio de la AEAT en la gran operación de desarme del Estado ante las exigencias de ERC y Junts.

Nada en el Estado de partidos es espontáneo. Todo responde a equilibrios de poder, a negociaciones ocultas y a silencios institucionales comprados. Se negocia con las plazas en la Justicia como se negocia con los presupuestos, los indultos o las competencias transferidas. Lo que estamos viendo no es una serie de hechos aislados, sino la manifestación estructural de un régimen corrupto, carente de control y sin representación política.