De fiscales y jueces

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Las asociaciones judiciales denuncian como una de las causas del caos de la Administración de Justicia la descoordinación entre la Fiscalía y los Órganos Jurisdiccionales. Nuevamente se reduce la problemática a la simple solicitud de más medios técnicos en lugar de afrontar decididamente las precisas reformas institucionales.

La configuración de la fiscalía como estructura jerárquica en cuya cúspide se sitúa a un Fiscal General del Estado elegido por el Gobierno fuera de la propia estructura del Poder Judicial es la verdadera culpable de tal descoordinación y no la precariedad de medios técnicos.  Si a ello unimos la voluntad política ya manifestada de sustraer las competencias instructoras al Juez para atribuirlas al fiscal, la imposibilidad del conocimiento judicial de la información eficaz referida al proceso, resulta inevitable.

La intención de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en tal sentido, obedece a asegurar aún más el control político de la investigación delictual a través del comisariado político que hoy en día es la Fiscalía General del Estado. Sacrificar las garantías judiciales de objetividad e independencia es algo que no preocupa al poder político mientras se garantice el control absoluto de la vida judicial.

Al contrario, sólo la unidad de las carreras fiscal y judicial garantizan la integridad de la función jurisdiccional y el intercambio eficiente de la información. La prosecución neutral del interés público y la operación intelectual de juzgar y hacer cumplir lo juzgado son dos caras de la misma moneda, inseparables y complementarias. No olvidemos que en el Derecho español, al contrario, por ejemplo, que en el Norteamericano, el fiscal no es un mero acusador sino un defensor imparcial del derecho que debe apreciar y manifestar al juzgador, si existen, las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal.

Únicamente la integración de magistrados y fiscales como cuerpo único en el órgano de Gobierno de los Jueces, dependiendo exclusivamente del mismo, alejaría de injerencias políticas la función fiscal y permitiría un conocimiento exhaustivo de las circunstancias particulares de cada proceso.

Claro que para que para ello se necesita transmutar el actual Consejo General del Poder Judicial en un auténtico Órgano de Gobierno separado del poder político, autónomo e independiente tanto en su propia designación como presupuestariamente.

 

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Juan

Gracias, Pedro M. González, por tu artículo, cargado de sensatez y que describe lo que ha de existir en la democracia, con la separación de poderes.

Todo esto se desconoce en la actual España, y nunca se ha conocido, todo sea dicho.

Aquí tenemos la oligarquía de rigor, todos haciendo cola, todos con sus jetas de corruptores y corruptos asistiendo al besamanos del que hace las leyes a su encargo, para (entre copa y canapé o ya sea al calor de la sombra del despacho oficial o no oficial de turno) verificar que su propuesta se va haciendo ley, decreto, real decreto, ordenanza, plan urbanístico, etc., etc.

Todo es lo típico y el modus operandi de la secta religiosa de turno, en la que no se entra así como así y que está para usurpar, expoliar, exterminar de la política, anular, etc. a todo lo demás, a los cuales se los exprime, se les sermonea y se les fustiga por tener la culpa de ser personas honradas, éticas y anticorrupción.

Saludos, amigos repúblicos.