Yo también quiero ser presidente del Tribunal Supremo

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¡Qué oportunidad se me ha brindado! Hace tiempo que quiero escribir sobre el Poder Judicial y su supuesta independencia, de modo que trataré de explicar esta aberración estructural, de la manera más sencilla y breve posible.

Unos meses atrás vivimos un momento crítico de clarividencia, si se me permite la expresión. Cuándo Podemos demandó, como condición para formar parte de un acuerdo de gobierno con el PSOE, toda una ristra de medidas despóticas inherentes al Sistema, entre ellas, contar con jueces y fiscales “comprometidos con el Partido del Cambio”. En ese momento, los integrantes de los partidos de la vieja guardia se llevaron las manos a la cabeza, e indignados, clamaban al Barón de Montesquieu, bramando lo tiránico que resulta que un partido político reclame el control de instituciones judiciales. Considero tragicómico que se jacten de separación de poderes los políticos españoles.

Lo único que hizo esta nueva formación -y resulta hipócrita hasta la extenuación que los partidos tradicionales lo critiquen-, es adaptarse a las reglas preestablecidas. Eso sí, con una celeridad impresionante, han demostrado que están preparados para ser un elemento a tener en cuenta en el plano político actual. De esta forma y de paso están apuntalando el Régimen del 78. Pues como es sabido, el político “tipo” español una vez reconocidas las corruptelas del Sistema busca aprovecharlas para beneficio propio, mientras, ante las cámaras, proclama a su partido como único valedor de la salvaguardia de la soberanía nacional. Sorpresa, sorpresa; el paradigma esencialmente se mantiene. No cambian las reglas del juego, sólo los jugadores.

Por tanto y para explicar este punto, nuevamente nos remitimos a la Constitución Española, en concreto al Título VI de ésta, referente al “Poder Judicial“.

En primer lugar, resulta imperativo señalar que la mera existencia del Ministerio de Justicia, el Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, entorpecen y condicionan, de iure y de facto, la libre actuación de los magistrados. Hablamos de instituciones comandadas por los principales partidos políticos que interfieren directamente en los nombramientos, ascensos e inspecciones, así como en el régimen disciplinario de los propios jueces. Es decir, unas interferencias y unas extralimitaciones ilógicas desde el punto de vista de una democracia. Como no podía ser de otra forma, también el Fiscal General del Estado es propuesto por el Gobierno de turno (art.124.4 CE), lo cual deben creer nuestros políticos amantes de la Transición, que supone la quintaesencia de la imparcialidad. Seguro que sí, no seamos malpensados, el poder político nunca legislaría para poder actuar de manera impúdica ante la ley.

Me refiero ahora, al CGPJ, una institución eminentemente política, que tiene encomendada “la salvaguardia de la independencia de los Jueces y Tribunales”. A continuación, os pongo un ejemplo con el que me entra una risa nerviosa al asociarlo al cargo que se presupone garante de la independencia judicial.

Hace un año, cuatro vocales (tres de ellas de PSOE y una de IU) denunciaron a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ (y ex dirigente del PP de Aznar), ante el Tribunal Supremo (único Tribunal con competencia para juzgar al presidente del CGPJ) por: “Vulnerar el procedimiento… ignorando las propuestas de la minoría, que ni siquiera sometió a votación”. Pero claro, resulta que el presidente del Tribunal Supremo ¡es el propio Carlos Lesmes! Está tan bien redactada nuestra Constitución, que llega un punto en el que las figuras de juzgador y juzgado recaen sobre la misma persona.

¿Cómo se justifica que el presidente del Tribunal Supremo, órgano superior de justicia, que conoce y decide en única instancia los procesos de responsabilidad civil o penal contra el Presidente y los ministros del Gobierno de la Nación, sea propuesto por los partidos políticos? ¿Alguien podría justificar esta redacción? De nuevo vuelvo a revisar la norma magna, y, efectivamente, observo que el artículo 123.2 de la Constitución Española categóricamente así lo dispone. Delirante.

Por supuesto, los vocales invitados a las tertulias televisivas con su speech de “la justicia no está politizada”, te dirán que los jueces deciden de manera independiente en los casos ordinarios de nuestro día a día. Claro que sí, solo faltaba, lo contrario constituiría un delito de prevaricación. Estamos hablando, por poner un ejemplo, acerca de la impunidad con la que el partido gobernante se podría haber sentido para, destruir unos discos duros pendientes de ser investigados y que estaban bajo disposición judicial, en una causa ya instruida.

Y todavía tienen la osadía y poca vergüenza de nombrar a Montesquieu para desacreditar a su competencia y hacer propaganda electoral. Lo cierto es que, vistas las actuaciones y las disposiciones normativas, se puede afirmar con total rotundidad, que el contexto jurídico actual no es el de una democracia. No se trata de una cuestión de color político, el problema endémico está en el Sistema, con un ordenamiento jurídico torticero desde su redacción, que tiende a sistematizar la corrupción.

Pero claro, este es un debate que nunca veréis en televisión. Pensad que los partidos están demasiado ocupados lanzándose acusaciones cruzadas y robando a manos llenas a costa de la soberanía popular otorgada en las urnas. Pensad también, que a los medios, a su vez, les ocupa todo su tiempo darle cobertura y propaganda a este circo.

Entended que, una vez llegados al poder y pudiendo aprovecharse de tan flagrantes fallas, no tengan intención alguna de subsanarlas.

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