Praxeología de la inseparación

3

La descripción de los procesos de concentración de poder, auténtica sociología de la inseparación y de la corrupción, es tan importante como la propia denuncia de la variada casuística que define la indivisión de poderes. El estudio de esos mecanismos del continuo camino de inseparación, además de servir de eficaz vacuna ante cada acto destinado a restringir aún más la independencia judicial, hace pedagógica razón de experiencia constatable por cualquier iluso que aún piense que en España hay separación de poderes y, en consecuencia, Constitución.

Esa sociología de la reducción de la Justicia a mero departamento estanco del poder político único, que caracteriza nuestro ordenamiento estatal, demuestra como en ese paulatino proceso de concentración juegan un imprescindible papel catalizador las instituciones de control político insertas en el mal llamado poder judicial, sirviendo de Caballo de Troya al totalitarismo de partidos.

Sin la apacible indignidad de la colaboración personal de quienes voluntariamente se integran en esos resortes de control, favoreciendo los continuos procesos de reforma y burocratización hacia la más absoluta densidad estatal de lo judicial, resultaría imposible su pacífica materialización. La praxeología judicial se sirve así como solución meramente técnica, con el visto bueno o promovida desde dentro, como mejora en el funcionamiento en el que el beneficiario último es el ciudadano, quien, con su aquiescencia, sacrifica sus garantías a favor de tal agilidad. “Los expertos“ han hablado.

La administrativización de los registros civiles, la transformación de la Secretaría del Juzgado en oficina judicial, la atribución de funciones jurisdiccionales a los secretarios judiciales (hoy llamados Letrados de la Administración de Justicia), la imposición de depósitos y tasas insoportables para recabar el amparo judicial y el dominio ejecutivo a través de Ministerio Fiscal, de Justicia e incluso de Gracia indultadora, son ejemplos de esa reducción del ámbito de actuación de la Jurisdicción, auténtica piedra de toque de todo sistema que se reclame democrático.

El camino se allana para la tropelía desde los poderes políticos del Estado. La administrativización de la función jurisdiccional, justificada siempre en cuestiones de eficiencia técnica, se ofrece y presenta como mejora para la reducción de la litigiosidad mientras se mantiene el perpetuo chantaje de su dominación y dependencia  presupuestaria. Hasta el próximo eslabón.

Creative Commons License

Este trabajo de Pedro M. González está protegido bajo licencia Atribución Creative Commons-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Internacional Los permisos mas allá del ámbito de esta licencia pueden estar disponibles en https://www.diariorc.com/aviso-legal/

3
Dejar una respuesta

Por favor Conecta para comentar
3 Hilos de comentarios
0 Respuestas a hilos
3 Seguidores
 
Comentario con mas reacciones
Hilo mas comentado
3 Autores de comentarios
Alonso QuijanoGonzalo Alvarez Comentaristas mas recientes
  Suscripción  
mas nuevo mas antiguo mas votado
Notificar de
Gonzalo Alvarez

Dos principios fundamentales encabezan la verdad constitucional de cualquier Estado que se reclame democrático.Donde no hay separación de poderes no hay Constitución.Donde no hay control del poder no hay democracia.En España rige la Ley Fundamental borbónica de 1978.En España a lo largo de su historia nunca hubo democracia.

Precisamente la sustracción de la política a la ciudadanía y consiguiente expulsión de ésta es lo que envileció a aquella. Y no porque sea una tendencia propia de la política, sino la que arteramente quieren sus beneficiarios: una política partidista, privada, excluyente, oportunista, tendenciosa…
Esa política que aparenta respetar al Poder judicial, pero que lo somete, lo domeña, aherrojándolo con sevicias, trabas, excepciones y límites supone una apropiación para el Ejecutivo, de nuevas medidas de represión y violencia contra los súbditos.
A la par es la evidencia, de que el poder judicial se usa como elemento clasificatorio de una clase social ajena a aquél y sustentada en el despotismo y la iniquidad; que se otorga privilegios, que detenta el poder y que blande la Justicia como zanahoria a los vasallos.

Alonso Quijano

Los partidos campan a sus anchas ocupando cada vez más cuotas en los distintos poderes porque el soberano no los somete, al contrario ellos lo someten. El soberano ve la política de los partidos como el que ve un partido de fútbol grita, se alegra se queja pero no interviene porque no se siente soberano. El soberano debe librarse de semejante servidores que lo tienen engañado y atentan contra su soberanía. El monarca no es el soberano. El soberano no es Felipe VI es el pueblo español (Art. 2 de la Constitución).