La campaña electoral

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abstencion activa

Publicado el 31 de mayo de 1977 en “El Nuevo Reporter”

El acontecimiento político de la semana ha sido la apertura oficial de la campaña electoral. El término “campaña” connota sobre todo una significación militar. Un tiempo de duración de las operaciones de la contienda para alcanzar un objetivo disputado por el adversario. Nada más natural. La campaña electoral es lo más parecido a una campaña militar. Muy conocido es el pensamiento dialéctico de Clausewitz sobre la concepción de la guerra como una continuación de la política por otros medios. El leninismo está fundamentalmente apoyado en esta concepción. Pero más segura parece entre los españoles, a juzgar por nuestra historia, la aseveración contraria. La política interior española parece ser la continuación de la guerra civil por otros medios. Al menos, esta es la formulación menos discutible que pueda hacerse de la política franquista.

A primera vista, sin embargo, la apertura de la campaña electoral parece interrumpir y, en este sentido, contradecir la política beligerante del general Franco. Pero examinada más a fondo la significación y los objetivos reales de esta campaña, resulta con claridad que se trata también de una maniobra para la continuación política franquista por otros medios.

De ningún modo puede negarse el carácter progresista y humanitario que tiene la maniobra electoral y la política de reforma que la encuadra, en relación con los medios habituales empleados por el franquismo. Como tampoco puede negarse el carácter pacificador de este último en relación con los medios empleados durante la guerra civil. Instrumentalmente, vamos, pues, de mal en mejor. Pero no han cambiado los fines ni la orientación de la política franquista respecto a la continuación en el poder de la misma clase que lo monopoliza desde hace cuarenta años. En consecuencia, no vamos por el camino directo a la democracia. Ni tampoco por un atajo que lo acorte a costa de algún rasguño sin importancia. Con la campaña electoral, tal como ha sido concebida y planeada, se pretende que sigamos atados, y bien atados, al franquismo.

En primer lugar, con esta campaña electoral no se establece un campo de operaciones para la disputa pacifica del poder político entre los dos partidos adversarios. El partido de la oligocracia en el poder y el partido de la democracia en la oposición. Ni se disputa el poder del Estado, porque se trata de unas elecciones legislativas dentro de una legalidad que sustrae a la voluntad popular la designación del poder ejecutivo, ni se disputa tampoco el poder político local de la sociedad, porque no se trata de elecciones municipales. En realidad, es una campaña de distracción, como muchas campañas militares. Se llama la atención sobre un flanco, acumulando aparatosamente efectivos y tomando la iniciativa de una escaramuza, para que el adversario acuda con todas sus fuerzas desguarneciendo el sector estratégico que se quiere dejar a salvo. En este caso, se abre la campaña electoral a las nuevas Cortes para salvaguardar la cuestión políticamente decisiva. La cuestión del Estado, es decir, la cuestión del poder político.

Durante la larga noche del franquismo, los españoles más atrevidos y menos sumisos buscaron con afán las libertades y el Estado democrático perdidos en la guerra civil. La oscuridad del escenario obligó a que esa búsqueda se hiciera a ciegas, y a la descampada, con tenacidad. Y cuando estábamos a punto de encontrar el objeto perdido en el terreno popular donde había sido secuestrado, la política de reforma del Régimen ilumina un terreno acotado para que los buscadores de la libertad acudan a la luz y prosigan allí su trabajo con mayor facilidad. El problema está en que ahí, en el terreno artificialmente iluminado, no se encuentra el poder perdido por la causa popular, ni por tanto “su” trabajo: la erección de un poder político democrático. Como en toda campaña de distracción, en estas elecciones prevalece más el aspecto publicitario de las personas y de los grupos iluminados que la disputa real del poder y de las ideas.

En segundo lugar, el carácter franquista de la campaña electoral se pone también de relieve al examinar de cerca la conducta del poder estatal ante la cuestión constituyente de las próximas Cortes. Alianza Popular, a diferencia de lo que hubiese hecho el general Franco, se atrinchera en la legalidad de la reforma para impedir su ruptura, evitando que las elecciones legislativas se conviertan de hecho en elecciones constituyentes. Pero el presidente del Gobierno y su partido estatal, de acuerdo con la tradición franquista, parecen dispuestos a no respetar su propia ley, transformando las Cortes elegidas en constituyentes si, como es de temer y esperar, obtienen la mayoría de los escaños. Solos o con el partido subestatal de la Alianza.

También en este aspecto la posición constituyente del partido del Gobierno parece a primera vista romper con la continuidad de los principios constitucionales del franquismo. Pero sustancialmente, en el fondo, no es así. El franquismo no ha tenido más principio constitucional que el de mantener la unidad del bloque social en el poder, elaborando leyes constituyentes de ese bloque cada vez que comenzaba a desintegrarse. A la Ley de Sucesión monárquica de 1947, al Plan de Estabilización de 1959, a la Ley Orgánica de 1966 y a la designación del sucesor en 1969, sigue ahora la Ley de la Reforma Política y la probable declaración de Cortes constituyentes, para que una nueva Ley constitucional consolide el mismo bloque franquista en el poder. Los grupos sociales que se estaban desgajando del franquismo y que, bajo etiquetas de partidos liberales, demócratas-cristianos o socialdemócratas, habían sido atraídos por la oposición democrática, alrededor de la cual orbitaban en los últimos tiempos, han vuelto al claustro materno de donde procedían, atraídos por la perspectiva constituyente del mismo bloque social en el poder. Oportunidad que alterará las relaciones de hegemonía y de subordinación dentro del bloque, dando la primacía a los representantes políticos del capital financiero privado (Unión de Centro) sobre los representantes burocráticos del sector estatal de la economía (Alianza Popular).

Las normas constitucionales que se aprueben en las Cortes no expresarán la constitución de la sociedad política como Estado democrático, sino la mera constitución en el mismo Estado del bloque social mayoritario, es decir, de las clases franquistas.

Todo lo que hacía falta para ello era evitar que la oposición democrática pudiese obtener en su conjunto la mayoría electoral. Bastaba a este fin convocar las elecciones antes de que se ejercitaran las libertades públicas. Celebrarlas bajo una opinión pública desinformada, desinteresada y anestesiada, en sus facultades críticas, por una propaganda y un “hábitat” cultural totalitario de cuarenta años. Y para no correr riesgos innecesarios, reducir además la campaña de información electoral a tres semanas.

Cuarenta años de intoxicación totalitaria y tres semanas de ventilación democrática. Cuarenta años negando la existencia política de la derecha y de la izquierda, y tres semanas para identificarlas. Cuarenta años condenando a todos los partidos políticos y tres semanas para distinguirlos. Cuarenta años sin clases sociales y tres semanas para descubrirlas.

Las Cortes que surjan en estas condiciones no serán constituyentes de la sociedad política porque faltará en ellas una representación proporcionada a la importancia real de los distintos sectores sociales y de los pueblos periféricos. Pero serán las Cortes “reconstituyentes” del bloque social del franquismo, bajo la égida del nuevo liberalismo del capital financiero privado.

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La Redacción del Diario Español de la República Constitucional quiere hacer mención especial al repúblico Francisco Javier Briongos Gil por la aportación de este valioso documento.

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