Instituciones para la separación de poderes (I)

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En España no hay Democracia porque no existe separación de poderes y sin ésta no se puede hablar de Constitución.

Ni los titulares del poder ni sus actuaciones pueden estar exentos de control, ya que si esto ocurriese nos precipitaríamos hacia el totalitarismo. Pese a que la separación de poderes y el Derecho ponen límites al poder, los gobiernos, cualquiera que sea su ideología, tienden a removerlos. Partiendo de esta tendencia natural, la independencia judicial debe ser elemento esencial de la Democracia. La independencia judicial exige que el Juez, en el ejercicio de sus funciones, esté libre de influencias o intervenciones extrañas que provengan del Gobierno, del Parlamento, del electorado o de cualquier otro grupo de presión.

Actualmente, en España, podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que no existe independencia judicial ya que esa facultad estatal se encuentra ligada a los poderes políticos por distintos vínculos. Para acabar con esta situación y garantizar la independencia judicial se debe atender a tres puntos básicos:

1º) Independencia Orgánica de La Justicia respecto del poder ejecutivo:

  • Supresión del Ministerio de Justicia. No es posible sostener que existe independencia judicial si el ejecutivo controla y dispone de su presupuesto y provee sus plazas. Se trata pues de una dependencia política y económica. Lo razonable es trasladar sus competencias al Consejo General a un Órgano de Gobierno de los Jueces independiente (Consejo de Justicia).
  • El Fiscal General del Estado no puede ser elegido por el Gobierno. Siendo el Ministerio Fiscal una estructura jerarquizada, su independencia no está garantizada cuando el Fiscal General del Estado es nombrado y destituido por el Ejecutivo; en este caso, el Gobierno tenderá a situar en ese cargo a personas dóciles.
  • Existencia real de la Policía Judicial. Dependiente única y exclusivamente del Órgano de Gobierno de los Jueces y al servicio de Jueces y Magistrados.

Su actual dependencia del Ministerio del Interior, como meras unidades adscritas funcionalmente adscritas a los Juzgados impiden su eficacia  y obediencia fiel de las órdenes judiciales, estando sometida en última instancia a la dependencia de mandos elegidos por el poder político.

 

2º) Independencia respecto de los partidos políticos:

  • Sustitución del Consejo General del Poder Judicial por un verdadero órgano de gobierno de la Justicia. La elección de los vocales del CGPJ por parte del Parlamento tras la reforma de 1985 supone un reparto de cuotas de poder inadmisible y contrario a la independencia judicial.

El Presidente del órgano de Gobierno de los Jueces (Consejo de Justicia), debe ser nombrado por elección mayoritaria por un cuerpo electoral separado compuesto por todos los operadores jurídicos, desde Jueces y Fiscales integrados en un cuerpo único, pasando por Notarios, Registradores, Abogados, Procuradores, funcionarios de la Administración de Justicia, Catedráticos de Derecho…

  • Eliminación del Tribunal Constitucional. La elección política de sus miembros, como ocurre por el CGPJ, lo configura como último filtro político de las decisiones judiciales según el juego político coyuntural. Esa es su única misión, ya que de ser cierto el principio de unidad jurisdiccional que la Constitución proclama, cualquier Juzgado de Instancia tendría capacidad suficiente para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una determinada Ley o acto administrativo. El mero ejercicio de los recursos ordinarios hasta el Tribunal Supremo, en Sala Especial, decantaría la constitucionalidad o no de normas y actos.

3º)  Separación de legislativo y ejecutivo.

La separación de la Justicia de los poderes políticos del estado y de la nación es indispensable pero no basta, debe existir una separación también entre estos.

La mera existencia de un banco azul del gobierno en el parlamento constituye una auténtica burla al principio de separación de poderes.

A tal punto esto es así, que hoy en día la asamblea parlamentaria sobra. Dado el sistema electoral por listas de partido, bastaría que los jefes políticos de cada grupo parlamentario se reunieran en una pequeña habitación para votar las leyes que ellos mismos proponen haciendo valer su número de escaños, siempre invariable por mor del eficaz mandato imperativo y disciplina de grupo parlamentario. A ello se dedicará la segunda parte de este artículo.

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Gonzalo Alvarez

Dos principios sustanciales encabezan la verdad constitucional de todo Estado que pretenda ser democrático:donde no hay separación de poderes,no hay Constitución;donde no hay control del poder,no hay democracia.La separación de poderes no es compaginable con la intromisión institucional del Poder ejecutivo en el Poder legislativo,éste no es más que un añadido decorativo de las mayorías gubernativas que salen del consenso y de las oligarquías unidas a las mismas.La Ley Fundamental borbónica de 1978 confiere al Poder ejecutivo mayor poder judicial que a todos los jueces y tribunales juntos.

Martín-Miguel Rubio Esteban

No sólo es que no haya independencia de la Justicia, sino que incluso ésta es írrita ante la Administración, que tantas veces la desprecia sin ni siquiera dignarse a contestarle. Y es que no existe Justicia en donde la misma no tiene poder de ejecución, lo cual la hace todavía más miserable al ejecutarse sólo en los ámbitos sociales más débiles y febles. Los únicos jueces con futuro en España han sido aquéllos que han tenido un comportamiento comisarial de la soberanía de los Partidos Políticos.

Vicente Carreño

Excelente resumen. Felicitaciones Pedro.

Miguel Robledo
Miguel Robledo

Hay una cuestión que nunca he entendido en cuanto al MCRC, y es el motivo por el cual se defiende que el poder judicial debe ser elegido por los juristas, mientras que los poderes ejecutivo y legislativo deben ser elegidos por todos los ciudadanos.

Si el motivo es que los ciudadanos carecen del conocimiento suficiente para elegir a un poder judicial, dicho razonamiento sería aplicable también en lo relativo a las elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo.

Un saludo.

Miguel Robledo
Miguel Robledo

Gracias por la respuesta.

Entiendo ahora mejor la cuestión. Sin embargo, no pienso que lo político pueda quedar por completo fuera del poder judicial.

Un ejemplo de esto guarda relación con el artículo 3.1 del Código Civil (aplicable no solamente a la jurisdicción civil, sino también a las restantes jurisdicciones), que señala: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

Desde la pura técnica jurídica es difícil interpretar las normas según “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”. Aquí entra en juego la política. Cada uno interpretará la realidad social del tiempo de manera diferente, y en su interpretación influirán los posicionamientos políticos.

Un saludo.

Pablo Vila Vayá

Respecto a lo que plantea Miguel, según interpreto yo el asunto, Montesquieu califica el poder de los jueces como “casi nulo” debido a que sus competencias están claramente tipificadas. Su labor consiste nada más (y nada menos) en impartir justicia basándose en leyes preexistentes. El juez no crea, ni improvisa, ni depende de fluctuación alguna en la toma de sus decisiones. Es lógico que la elección en esa parcela quede reservada a los versados en la materia. El ejército es un caso similar.

En cambio, para desempeñar tareas legislativas y de gobierno no se necesita una acreditación profesional específica. Teóricamente, no se puede valorar la aptitud de los candidatos mediante ningún baremo tangible. Honestidad, valor, instinto, capacidad de improvisación… son sólo unos cuantos de los muchos requisitos que se le deben exigir a un cargo electo. El sufragio universal concede al electorado el derecho de identificar esas virtudes entre los candidatos y elegir al que consideren más capacitado. Por eso, del mismo modo que los propios jueces, abogados, procuradores, etc… son los más adecuados para elegir al poder judicial, por cuestiones técnicas, de cercanía, conocimiento y trato directo, el objetivo es que esas premisas permitan a los votantes elegir a sus representantes en circunscripciones pequeñas.

En el caso de que, aun así, sigan votando a Paco Leches y Maruja la Loca, al menos quedará claro que el problema no está en el sistema, porque la alternativa sería una dictadura.

No dudéis en darme de bofetadas si patino, que no sé nada de derecho y ando muy suelto últimamente. 😛

Saludos a todos.