La Constitución no tiene precio

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La crítica de los sindicatos estatales y de parte de la izquierda social a la reforma constitucional pactada entre los dos grandes partidos de estado para poner topes al gasto público viene a reconocer implícitamente la legitimidad y vigencia de la constitución de 1.798. Por un lado se critica la reforma en cuanto método y formas empleadas y por otro, en cuanto al fondo, porque ataca los contenidos de carácter social recogidos en el texto reformado.

Ambas razones significan al fin y al cabo asumir que sin ésta reforma la constitución no solo es válida sino legítima, y que el nuevo consenso de los partidos de estado la devaluaron con agresiones de forma y fondo. El infantilismo alcanza cotas inimaginables al asirse al referéndum como única forma posible de convalidar esa imposible legitimidad. ¿Acaso de votarse la reforma y obtenerse un resultado favorable se revestiría de legitimidad constitucional a su contenido? Es tan ilegítimo constreñir vía reforma constitucional el gasto de futuros gobiernos como obligarles a incurrir en un nivel mínimo de gasto.

La superficialidad de criticar la reforma constitucional por su forma y contenido invocando los derechos recogidos en la propia constitución es legitimar al texto en sus restantes previsiones y aún la ausencia de un periodo de libertad constituyente en nuestro país. La crítica desde el punto de vista de la democracia formal es mucho más profunda al partir de la recusación integral de esta constitución por no constituir nada, ya que no separa en origen los poderes estatales ni instituye principio representativo en modo alguno.

Porque esa y ninguna otra es la función de una constitución. La introducción en la misma de catálogos sin fin de derechos individuales o sociales significa mezclar continente y contenido, lo político y la política.  De ahí la añadida inutilidad de la reforma, que deja a la regulación por Ley Orgánica su propia efectividad dependiendo del gobierno turnante y en todo caso, de potencias extranjeras.

En esta continua mentira, que es crimen sobre crimen, lo programático se convierte en excepción a la regla general en esa ceremonia de la confusión que es mezclar programas de derechos con la constitución de lo político. Listados consensuados por las pretensiones de las ideologías se suman en articulados tan extensos como ininteligibles e inútiles constriñendo la actuación de los futuros gobiernos según el mandato que la ciudadanía les imponga. Y mientras a la separación de poderes y al principio representativo, ni se les ve ni se les espera.

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ThùlioLuis "er Maki" Comentaristas mas recientes
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Luis García Abad de Corpa

De su acertado análisis me viene a la memoria: Je..je.. En la casa del pueblo ya lo intentamos una y otra vez, parchear unas tuberías totalmente deterioradas, atacadas de calcificaciones y desgastes múltiples, solo de una intervención de fontanería integral se pudo recobrar su funcionalidad. Salú2.

Thulio Moreno

Estimado y admirado Pedro: una Constitución que mantiene los símbolos métodos y formas, que se pretenden superar, y renuncia a hacer tabla rasa con lo anterior, NO es una Constitución, sino un T.B.O. o un Jaimito. (No sé si recuerdas aquellas publicaciones, que quizá merecieran estar en el BOE, más que esa sucesión de artículos inconexos y “campechanos”). Una Constitución, que en su Preámbulo afirma: Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Realidad actual: no se asegura la Ley en ningún sitio. Cada comunidad (histórica o no) proclama su autonomía para inaplicar e incluso hacer lo contrario a lo que legisla el “Parlamento”; entre comillas, porque si no quieren el resultado legislativo, ¿qué son quienes asisten y participan, en lo que no asumen? Una Constitución, que afirma: Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calIdad de vida. Realidad actual: caída del PIB, caída de las rentas, caída del empleo, caída de la sanidad, de la vivienda, de la justicia, de la libertad (a la par que la seguridad), caída de la educación, caída de la CALIDAD de VIDA. Una Constitución que afirma: Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos… Viciando el concepto españoles, para introducir pueblos de España. Realidad actual: los pueblos de España son ahora sujetos de derecho, que no deberían ser distintos al de todos los españoles. Una Constitución, que en el artículo 1 refríe: soberanía nacional, -origen de los poderes de Estado-, pero NO determinados, con Monarquía parlamentaria (la primera con mayúscula y la segunda en ¿minúscula?) y con propugnar valores superiores …/… la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Realidad actual: la indeterminación -en este artículo- de cuáles son esos poderes que emanan del pueblo español, vacía de soberanía e imperio a la Nación española (sic del Preámbulo). A la vez confunde y prostituye el concepto original de la soberanía, que YA NO ESTÁ en el pueblo español (art. 1.2), sino en los pueblos de España (sin concretar cuáles y por qué). Respecto a los valores superiores sólo propugna, (verbo sin cualidad ejecutiva). E igualmente corrompe el concepto de monarquía parlamentaria, pues la monarquía era anterior al Parlamento; no hay más que ver las leyes firmadas por Juan Carlos antes de publicarse la Constitución.… Leer mas »