Pedro M. González

PEDRO M. GONZÁLEZ

Que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) aparezca como defensora numantina de la independencia judicial frente al pasteleo de la reciente elección de vocales y cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un espejismo. Y es que no se puede ser puta y virgen a la vez, estar y no estar, ser de las instituciones de la partidocracia y no ser partidócrata.

Al margen de la rentable electoralmente manifestación y aspavientos de imposible sorpresa sobre el ser mismo del régimen, la última propuesta de UPyD planteada en el Congreso para la modificación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteaba que se modificara el actual cupo de doce jueces y magistrados para celebrar una votación con listas abiertas en la que también participaran y fueran elegidos – en tal cupo y sólo en esa misma fracción -secretarios judiciales, abogados y fiscales.

La iniciativa de la Sra. Díez aboga por corregir el actual sistema porque, a su juicio, no evita que los partidos políticos mayoritarios continúen repartiéndose los puestos, no sólo los ocho reservados a juristas de reconocido prestigio, sino también los doce de jueces y magistrados. Frente al sistema que pactaron PSOE y PP para que las asociaciones profesionales propusieran 36 candidatos para esos doce puestos reservados a jueces, UPyD propone elecciones para la cuota judicial con listas abiertas y voto personal y secreto entre estos profesionales de la Justicia.

Además, y para evitar el “corporativismo”, el partido de Rosa Díez pretende que los jueces y magistrados sólo elijan cuatro de esos doce vocales, reservando tres puestos para los secretarios judiciales, tres para los fiscales y dos para los abogados.

La impotencia reformista, el no puedo ni quiero del UPyD, se demuestra de nuevo con esta obtusa e indefinida propuesta. ¿Qué cualidad especial dignifica a Secretarios Judiciales, Abogados y Fiscales por encima de Agentes Judiciales, Notarios, Registradores, Catedráticos de Derecho, Peritos o Procuradores? ¿A quién dejan los seguidores de Dña. Rosa la facultad de confeccionar las listas en las que al parecer necesariamente tendrán que integrase los posibles candidatos? ¿A los mismos partidos a los que pretende arrebatar el dominio de la Justicia o a las asociaciones profesionales que éstos controlan? ¿Qué justifica esa distribución estamental de los vocales según el grupo de profesionales que los elijan y su cuota de representación?

La reforma del CGPJ según su concepción institucional actual es imposible y menos aún creando un órgano estratificado de la justicia con vocales de jueces, vocales de políticos, vocales de abogados, de Secretarios Judiciales o de Fiscales. Sólo puede constituirse una Justicia independiente con un Órgano de Gobierno en el que queden integrados todos los profesionales del derecho mediante la elección de su Presidente por elección uninominal, ajena a listas y de manera mayoritaria entre ese mismo censo electoral universalizado dentro del mundo de la Justicia en su integridad, desde agentes y oficiales hasta Magistrados.

Naturalmente que en la propuesta de UPyD, como partido en el estado que es, no se aborda la forma de financiación del poder judicial de forma que se asegure su independencia material, sino que insiste en la asignación presupuestaria que acuerde el legislativo al Ministerio de Justicia, con lo que cualquier atisbo de separación del Judicial del resto de poderes quedaría en mera declaración de intenciones.

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