PACO BONO.
Una mañana de tantas, haciendo zapping, escuché cómo Federico Jiménez Losantos se refería a la república de modo despectivo. Hablaba de la Cataluña republicana, de su Estatuto, que al parecer contempla en su extenso articulado la parrafada de que los catalanes tienen derecho a disfrutar de la naturaleza. Si quienes escribimos en este diario argumentamos día sí, día también, que la constitución española de 1978 no constituye nada, porque no separa los poderes del Estado, y que por ello no puede ser entonces considerada formalmente una constitución, sino más bien una Ley Fundamental del Reino, imaginen cuál será nuestra posición al respecto del Estatuto catalán o de cualquiera otro que provenga de este régimen y de su carta magna. España tiene una forma de Estado monárquica, por lo que la forma de gobierno no puede ser democrática, sino autoritaria, parlamentaria o partidocrática, como es el caso. Hemos repetido este mensaje muchas veces, y lo seguiremos haciendo las que haga falta, sabiendo que nos enfrentamos a un enemigo tan fantasmagórico como poderoso y mediático.
Lo que más me sorprende de la actitud de Federico es lo que desprecia el concepto de república, cuando me consta que es de una persona inteligente y formada, además de un declarado defensor de la República Constitucional de los Estados Unidos de América, el régimen con el sistema de gobierno que más se asemeja a una democracia formal. El término república se ha difamado en España del mismo modo que se han desvirtuado conceptos como política, mercado, libertad, justicia, igualdad, democracia, derecho, deber, víctima, verdugo… El régimen de partidos fundado en 1978 se ha necesitado modificar (con la inestimable ayuda de la Real Academia Española y demás instituciones al servicio del consenso) el significado y uso de estas palabras para que su forma de Estado monárquica parezca compatible con la forma de gobierno que tantas veces repiten que nos hemos dado (la presunta democracia).
Sin embargo, para que se dé la democracia como forma de gobierno, es imprescindible que previamente se funde la república como forma de Estado. La democracia requiere de tres premisas: la igualdad de todos ante la ley, la separación de poderes y la representación ciudadana. La república garantiza la primera de ellas, la constitución asegura la segunda, y la propia democracia aporta la tercera, complementándose con las anteriores. La monarquía supone la negación de estos tres pilares. No hay igualdad de todos porque existe un Rey, no hay separación de poderes porque existe un Rey, y no hay representación ciudadana porque existe un Rey. ¿Es coherente abanderar la libertad y la monarquía a la vez?
El periodismo en España acepta y asume la mentira para después quejarse de los males que la mentira provoca. En España no se da la política porque no hay representación ciudadana, por lo que tampoco hay sociedad política, la mediadora entre la sociedad y el Estado. Los diputados en nuestro país son elegidos a dedo por los partidos, y su función consiste en obedecer al líder que los ha colocado en el puesto. En España no hay mercados, sino un mercado intervenido por el Estado, que controla y asfixia el sistema financiero, así como regula interesadamente la energía, el transporte y las comunicaciones. En España no hay libertad, y se confunden las concesiones civiles otorgadas por el Estado, con derechos ciudadanos (luego nos quejamos cuando nos privan de ellos con los famosos recortes). En España no hay justicia, porque la justicia no tiene como fin ella misma, sino el sostenimiento del régimen de 1978 y de sus privilegiados, a pesar del mal que se infrinja a la Nación Española. En España no hay igualdad ante la ley, porque existe un Rey, cuya figura es además inviolable. En España no se han establecido los derechos desde el punto de vista de la oportunidad, sino que han sido interpretados por la falsa Constitución de 1978 como necesidades debidas de satisfacer por el Estado social, a sabiendas de que esa pretensión es imposible de cumplir, por lo que la carta magna se presenta como un texto idealista y frustrante que se entromete en temas en los que una Constitución de verdad jamás entraría. En España el Estado confunde a las víctimas con los verdugos porque el propio sistema, asentado en la mentira, no puede castigar a sus cómplices, no puede condenar a los traidores cuando su propia esencia es traidora, el Estado de partidos es responsable del nacionalismo y sus fechorías porque su régimen se funda en el consenso que estableció con ellos.
Después de lo expuesto, con la que está cayendo, con lo visto y lo que está por ver en el reino de Juan Carlos, ¿tiene sentido que todavía se haga alusión a la palabra república despectivamente? El problema, Federico, no es que haya gente que desee destruir España, sino que esa gente lo pueda conseguir. Es con esta monarquía, instaurada por Franco, y con sus gobiernos de partidos subvencionados, anclados en el consenso (renuncia a la libertad colectiva), cuando más riesgo corren los españoles no sólo de perder derechos fundamentales como el uso de la lengua materna o la elección de los valores en la educación de los hijos (lo cual ya es gravísimo), sino de quedarse sin su patria, la milenaria Nación Española que fundó Roma y que agoniza hoy envenenada por la ignorancia del pueblo y la traición de los que se llaman a sí mismos políticos, y no son más que unos sicarios de la política.
