Sobre el derecho a acosar a otros

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CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Desde hace ya bastantes días venimos escuchando la palabra “escrache”, de origen argentino, que designa las acciones –supuestamente no violentas- de acoso a políticos, para combatir leyes que se consideran injustas.

Salvo que uno esté especialmente desinformado, acaba llegando a la conclusión de que los primeros que han realizado algún tipo de “escrache” han sido los miembros de la casta depredadora, parasitaria, la casta político-financiera:

–      Escrache a los jubilados.

–      Escrache a los funcionarios.

–      Escrache a los usuarios de la sanidad, a las personas dependientes, a los minusválidos…

–      Escrache a los usuarios de la enseñanza pública (profesores y alumnos)

–      Escrache a las personas desempleadas (más de seis millones)

–      Escrache a los contribuyentes en general.

–      Escrache a todo quisqui, socializando las pérdidas de los bancos y cajas de ahorro.

–      Escrache a las víctimas de las “preferentes”, dejando libres y en la más completa impunidad a los estafadores.

–      Escrache masivo, cruel, a la mayoría de la población escudándose en razones de Estado, pretextando la necesidad de todo ello para preservar el Estado del Bienestar, cuando en realidad solo tratan de preservar los privilegios y el bienestar de quienes forman parte de la casta política parasitaria…

–      Escrache general a la democracia y al estado de derecho.

En resumen, escrache por doquier que acaba suscitando la tentación del “ojo por ojo, y diente por diente”; y como decía Mahatma Gandhi, como resultado la mitad de la gente tuerta o desdentada…

Y claro, llegados a este punto, si le preguntas a alguien al azar, pues posiblemente acabe diciendo que no le parece tan mal…

Desde hace días el “ojo por ojo” lo están protagonizado los afectados por las hipotecas que acuden a los domicilios particulares de los políticos del partido gobernante, exigiéndoles una solución para el grave problema que afecta a tantísimas familias.

Evidentemente es un incordio, y posiblemente hay límites que se están sobrepasando. Sin embargo, he de confesar que me resulta comprensible, y tiene su lógica, la lógica del hartazgo, la del ejercicio del derecho al pataleo, de una porción de esta sociedad anestesiada, conformista, que nos ha tocado vivir…

De todos modos, que nadie se asuste, me explicaré:

Cada día que uno hojea un periódico, o pone el telediario, lo primero que se sale de ojo son los innumerables casos de corrupción, protagonizados por multitud de bichos vivientes, y especialmente miembros de la casta política de caciques y oligarcas: La familia real, políticos de todos los signos, ERES andaluces, Gurtel, Noós, comisiones de las ITV, paraísos fiscales, Bárcenas, plan E, aeropuertos fantasmas, jubilaciones súper millonarias, bancos rescatados con presidentes con retiro de lujo, dineros en colchones.

Y mientras tanto el común de los mortales se ve abocado a situaciones más y más penosas, terribles; la mayoría de los españoles ve como su poder adquisitivo disminuye día tras día, aumenta el desempleo, disminuyen las prestaciones sociales… y la casta política se queda tan pancha.

Evidentemente es mucha la gente que ha llegado a la conclusión de que de nada vale tener la oportunidad de votar cada cuatro años. También es cada día mayor el número de personas que apenas o nada tiene confianza en que los jueces y fiscales acaben poniendo orden, y en los casos en que algún golfo acaba condenado, el gobierno de turno acaba indultándolo…

Estando así las cosas, pese a la capacidad anestésica, narcotizante de la que ha sido capaz el régimen del 78 hasta la fecha, es lógico (lo ilógico sería lo contrario) que la gente se acabe echando a la calle y que acabe saltándose barreras que hasta ahora eran impensables…

Todo ello es muy triste, peligroso, pero… casi inevitable.

A menos que alguien, o algunos (jueces o fiscales) acaben interviniendo y aplicando soluciones terapéuticas de urgencia, tal como proponía Joaquín Costa en su “Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España” hace ya más de un siglo; el estallido social, la algarabía, son cosas casi inevitables.

Y, también, a río revuelto, surgirán grupos de gente autoritaria, totalitaria que se erigirán en “vanguardias revolucionarias” que se arrogarán la representación de la mayoría (“una incontestable mayoría”, de “las mayorías sociales de este país” se hacen llamar) que considerarán legítimo el uso de la fuerza, de cualquier clase de estrategia de tipo coercitivo, antisistema, y cuyas soluciones son fórmulas añejas, ya sobradamente fracasadas, que se resumen en “más Estado, más burocracia, más impuestos…”

Y todo aquel que ose oponérseles, será considerado contra-revolucionario, será considerado inmoral e injusto, un enemigo público que “ha declarado la guerra a las mayorías sociales del país” y por lo tanto merece ser castigado; y por consiguiente no se le puede permitir que siga viviendo en situación de impunidad…

 

Una vez hechas estas puntualizaciones, también son necesarias otras, para evitar ser malinterpretado.

Hablar de “Derechos” es hablar de cuestiones morales, de los principios que guían las acciones de un individuo y sus relaciones con los otros miembros de la Sociedad; es hablar del vínculo entre el código moral de una persona y el código legal de una sociedad; es hablar de ética y de política.

Tal como afirma la filósofa “objetivista” Ayn Rand, los derechos individuales son el medio de subordinar la sociedad a la ley moral.

Continuando con Ayn Rand, decir que todas las personas son merecedoras, dignas de derechos individuales inalienables, significa que los mismos derechos los tiene, individualmente, cada ser humano, todos los humanos, y en todo momento. Por lo tanto, los derechos de un individuo no pueden y no deben violar los derechos de otro.

Cualquier supuesto “derecho” que se arrogue alguien, que requiera la violación de los derechos de otro, no es y no puede ser considerado de ninguna manera un “derecho”.

Por ejemplo: todos tienen derecho a vivir, pero nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro. Existe el derecho a ser libre, pero no existe el derecho a esclavizar a otro. Todas las personas poseen derecho a elegir su propia felicidad, pero no tienen derecho a decidir que su felicidad consiste en la miseria (o el asesinato o el robo o la esclavitud) de otras. El propio derecho que cada cual pretenda llevar a la práctica, define también los derechos de otras personas, y sirve como una guía indicándole lo que puede o no hacer.

Existe el derecho a la búsqueda de la felicidad, no el derecho a la felicidad. Lo cual significa que un hombre tiene el derecho a tomar las medidas que considere necesarias para lograr su felicidad, pero no quiere decir que otros tengan la obligación de hacerle feliz a él.

El derecho a la vida significa que un hombre tiene derecho a mantenerse, ganarse la vida mediante su propio trabajo (en cualquier nivel económico, tal alto como su habilidad lo lleve); no significa que otros tengan que facilitarle, satisfacer sus necesidades de vida.

El derecho a la propiedad significa que un hombre tiene derecho a realizar las acciones económicas necesarias para obtener la propiedad, usarla y disponer de ella; no quiere decir que otros deban proporcionarle esa propiedad.

Toda iniciativa que involucre a más de un individuo, requiere el consentimiento voluntario de cada uno de los participantes. Cada uno de ellos tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero ninguno de ellos tiene derecho a forzar las decisiones de los otros.

El requisito imprescindible para que una sociedad sea considerada “civilizada” es la prohibición del uso de la fuerza física en las relaciones interpersonales; en una sociedad libre, civilizada, sus  miembros cuando tratan unos con otros, deben poder hacerlo solamente por medio de la razón: mediante discusión, la persuasión y el acuerdo voluntario, no forzado, exento de coacciones. Ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro hombre.

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Entendido pero, el mandato imperativo de los jefes de los partidos políticos a sus correspondientes grupos parlamentarios, ¿no es también una fuerza, una coacción (apartarse de la disciplina del partido se sanciona hasta con la expulsión del partido)?, ¿acaso los políticos de lista se pueden quejar de la coacción de parte de la sociedad civil y no de la de sus aparatos y encima tenemos que darles la razón tratándoles como representantes nuestros cuando no representan nada, simplemente obedecen al unísono los dictados del cabeza de lista?.
Me parece que el escrache pone de manifiesto la ficción representativa que hay, lo que ocurre es que los escrachadores no se dan cuenta, si lo hicieran además se abstendrían, esto permite que puedan ser utilizados por algunos partidos de la oposición contra el partido del Gobierno.
En lo que creo que no se puede caer es en asumir el discurso del poder para reprimir esta manifestación espontánea de parte de la sociedad civil. El escrache (pacífico) es una fisura en la narcosis de la servidumbre voluntaria que nos tiene doblegados.