Poder judicial y Democracia

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LUIS LÓPEZ SILVA.

La relación entre Poder Judicial y Democracia es tan obvia como para poder afirmar que el Poder Judicial es un elemento esencial para la Democracia, aun sabiendo, que regímenes abominables como el Nazi o la Unión Soviética establecieron un poder judicial para implementar sus políticas arbitrarias y de terror y hacer  cumplir su particular Estado de Derecho.  Esta relación necesaria ya la abordó Aristóteles, que fue el primer teórico de las constituciones políticas, sosteniendo que los tribunales eran piezas fundamentales para resolver los conflictos de la sociedad aplicando los principios generales del derecho. De hecho, no incurrimos en ninguna gravedad si ratificamos rotundamente lo siguiente: que sin tribunales no hay gobierno y, por ende, no hay democracia.

Para entender la naturaleza de esta relación me apoyaré en cinco factores o variables que pueden esclarecer esta relación y, como consecuencia reflexiva,  evaluar la calidad de nuestro sistema político. El primer factor que sustenta esta ilación en el grado de independencia judicial: esto es la libertad de los jueces para accionar procedimientos y tomar decisiones sin tener en cuenta las presiones del poder político o de otros grupos sociales. Además, esta independencia debe ser tanto estructural como cultural; estructural,  en cuanto deben de existir mecanismos de protección formal  contra las amenazas a la independencia, y cultural porque esta independencia debe ser respaldada por los valores informales y las tradiciones de la propia sociedad. El segundo factor a esgrimir en este particular vínculo es el prestigio judicial y social. Si los jueces son simples funcionarios a las órdenes de los burócratas y las influencias políticas, se les tendrá una baja estima. El estatus social de los jueces depende del alcance de su autoridad formal, del nivel de poder real que pueden ejercer, de la independencia de sus sentencias, del respeto público por sus capacidades, que se les asocie con una tradición respetable y un protocolo solemne y de la estima que otras instituciones ilustres expresen de ellos, entre otros. Si todos estos criterios no se cumplen la autoridad judicial sucumbe a la indiferencia e irreverencia social. La tercera variable correlativa que expongo se trata de la autoridad jurídica, es decir, del alcance jurisdiccional de los tribunales y de las medidas judiciales encargadas de hacer valer sus fallos una vez sentenciados, creando de esta manera vías jurídicas innovadoras  que abren paso a interpretaciones judiciales que generan normas jurídicas  que se convierten a menudo en derecho a aplicar. El cuarto factor que afecta a esta relación que analizo es el papel de la sociedad civil, ya que el poder judicial se halla determinado por los procesos y las instituciones de la sociedad civil. Todos los avances y tendencias sociales, económicas, políticas, tecnológicas y de cualquier otro ámbito son los que producen las diferencias, los intereses  y los valores de los grupos sociales que entran en conflicto en cualquier sociedad y, es ahí, donde la potencia resolutiva del poder judicial entra en juego para adaptarse a los nuevos fenómenos sociales e interpretar con justicia las desavenencias surgidas. El factor último a analizar es el del papel de los actores públicos no judiciales como son el poder legislativo y ejecutivo y sus respectivas administraciones. Cuando estos poderes no generan la seguridad y los bienes públicos deseados por el ciudadano, éstos pretenden satisfacerlos por medio de los tribunales, lo que crea un activismo judicial  sin poder real para resarcir los perjuicios demandados. Por ello, es principal que los legisladores y ejecutores de las leyes preserven la racionalidad y la pragmaticidad en su cometido, obrando en el principio del equilibrio social.

De todo lo dicho, podemos extraer conclusiones y comparativas con respecto a nuestro sistema político. La partidocracia actual es resultado, de entre otras circunstancias, de la relación incestuosa entre poder judicial y el sistema de estado actual que nos gobierna. Cuando el poder judicial ni es independiente ni es prestigioso ni tiene autoridad jurídica, simplemente no existe tal poder porque está fusionado con el consorcio legislativo y ejecutivo; y como referí al principio, si no hay poder judicial no hay ni gobierno ni democracia.

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Pedro M. González

Estimado D. Luis: Quisiera matizar algunos aspectos de su artículo, sin más ánimo que el de la precisión no ya terminológica, como la denominación de Poder al Judicial, generalmente aceptado en la conversación común, cuando en realidad se trata, como bien observa García-Trevijano, de una facultad o potestad. En el régimen nazi o en la existan URSS no existía poder o facultad judicial como tal, ya que en realidad, al no existir separación de los mismos, todo era potencia estatal. Existía, eso sí, una división funcional de esa potencia unitaria estatal. Por eso no es que se traten de particulares estados de derecho, sino que son plenos y generales estados de derecho ya que las normas del soviet y del reich desde luego eran de obligado cumplimiento. Tan estados de derecho eran éstos como el que tenemos ahora. Tal cuestión deriva desde luego de la extensión terminológica que del término acuñado por Von Mohl se hace, cuando en realidad éste se trata de un concepto magistralmente ideado para diferenciarse del estado-policía. De ahí la importancia de J. Adams y de su concepto de República de Leyes en el que la forma de producción normativa por representantes ciudadanos y la existencia de una jurisdicción separada en origen de los poderes políticos del estado son nota definitoria. Dicho lo cual y analizando los factores que señala entre democracia e independencia judicial, creo interesante poner de manifestó lo siguiente: – Respecto al primero referido a la independencia de los jueces, es importantísimo señalar que esta nunca puede depender de la probidad de jueces y magistrados, sino que sea de orden institucional. Poco importa la libertad de los jueces para accionar procedimientos sino existe una jurisdicción independiente con su propio presupuesto, órgano de gobierno y policía. Y en nuestro estado de derecho no existe “poder” judicial. De hecho el Art. 117 CE les atribuye en plural ser “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.” Pero no establece institución independiente alguna ¡Faltaría más, lo contrario sería elevar a categoría de Ley la prevaricación!. De ahí lo pernicioso de confundir los atributos que deben adornar a todo juez de la independencia de la función jurisdiccional, de orden institucional. – En cuanto al prestigio social, es sabido la diferencia clásica entre auctoritas y potestas siendo imprescindible para que exista la primera la consideración de la segunda. De ahí la corrección y certeza de… Leer mas »