De los recursos públicos (III)

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LORENZO ALONSO.

Las Entidades locales forman el tercer nivel de la Administración Pública de España, después del Estado y de las Comunidades Autónomas. Bajo el concepto de Entidades locales (EELL) se esconde un mundo plagado de Entes, un complejo entramado diseñado por nuestros antepasados a lo largo de la historia de nuestro país, sobre todo a partir del siglo XIX, como hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones. Pero nuestros dirigentes actuales, en vez de adaptarlo a los nuevos tiempos, han yuxtapuesto otra multitud de entes con la finalidad de ¿racionalizar? este variado mundo local. Nuestro propósito es demostrar que es posible otra forma de hacer las cosas en el mundo local.

España es una nación con 47.265.321 habitantes (según la última actualización de los Padrones municipales, a 1 de enero de 2012, publicada en diciembre de ese año) asentada en 8.116 Municipios. Y según el Ministerio de Hacienda los presupuestos de todos estos municipios ascendieron en el año 2012 a 48.000 millones de euros (M€) aproximadamente. La distribución de la población está muy lejos de ser homogénea a lo largo del territorio y en todos los núcleos de población.

Por un lado, según el Instituto Nacional de Estadística, aún existe un microcosmos de pequeños municipios. El siguiente cuadro da una visión de esta situación:

Estrato de Población

Población 2012

% Nº

% Población.

Menores de 100 habitantes

67.715

1.135

14,16%

0,14%

De 100   a     250 habitantes

253.258

1.526

19,04%

0,54%

De  251  a  1.000 habitantes

1.169.938

2.212

27,59%

2,48%

De 1.001 a 2.000 habitantes

1.318.188

926

11,55%

2,79%

 Municipios menores de 2.001 habitantes

2.809.099

5.799

72,34%

5,94%

 

Es decir, hay cerca de 5.800 municipios menores de 2.001 habitantes (el 72% de los municipios) en los que vive el 6% de la población y han manejado en 2012 unos presupuestos cercanos al 7% del total de los presupuestos municipales.

Junto a este microcosmos hay una concentración urbana muy acusada: en los 63 municipios mayores de 100.000 habitantes (el 0,78% del total) viven 18.794.660 habitantes (casi el 40% de la población) y han manejado en 2012 más del 42% de los presupuestos municipales. Dentro de este bloque, las 8 ciudades más grandes de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia y Palma de Mallorca) concentran el 18% de la población y han manejado en 2012 más de la quinta parte de los presupuestos municipales (22,1%).

El Tribunal de Cuentas ya ha llamado la atención sobre la necesidad de diseñar un mapa local más lógico, fusionando municipios y eliminando duplicidades, para mejorar la prestación de los servicios públicos locales. Pero ha sido la Fundación de Unión, Progreso y Democracia (Fundación UPyD) la que realizó un estudio a finales del año 2010, “El coste de las Entidades locales”, en el que se ponía de manifiesto los sobrecostes de nuestra organización local midiendo la eficiencia de los 40 municipios mayores de España y haciendo simulaciones sobre el tamaño óptimo de un municipio.

En el primer caso, al igual que había hecho en el “El coste del Estado Autonómico”, se fijó en las tres ciudades más eficientes en la utilización de personal para la prestación de los servicios públicos locales (Gijón, Oviedo y Vigo) y en la utilización de bienes corrientes y servicios (Córdoba, Gijón y Tarrasa) y dedujo que se podrían ahorrar 6.211 millones de euros (M€) anualmente, el 0,6% del PIB aproximadamente.

En el segundo caso, después de analizar la situación actual de varios países de nuestro entorno (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Grecia), llegó a cuatro conclusiones, según el tamaño mínimo de municipio existente:

Población mínima

Posible ahorro (en M€)

2.000

1.956

5.000

3.866

10.000

8.125

20.000

16.142

 

De acuerdo con la opción tomada, el ahorro anual de esta medida estaría comprendido entre el 0,2% y el 1,5 % del PIB.

Un año y medio más tarde, el Grupo parlamentario de UPyD presentó una proposición no de ley en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para modernizar la administración local mediante la fusión de municipios, siguiendo este estudio y la supresión de las Diputaciones, pero el PP y el PSOE unieron sus fuerzas para rechazarla.

Sobre los municipios se ha ido formando un enjambre de Entes supramunicipales que agrupan municipios y sirven para ayudar a realizar obras y servicios que los pequeños municipios individualmente no pueden llevar a cabo. De esta forma surgieron 50 Diputaciones Provinciales, en cada una de las provincias. Pero el proceso autonómico convirtió a 7 de ellas en Comunidades Autónomas uniprovinciales y a las 2 provincias canarias las eliminó para repartir sus competencias entre la Comunidad Autónoma y los 7 Cabildos Insulares. Además en el caso de Baleares, las competencias de esa diputación las repartió entre la Comunidad Autónoma y los 4 Consejos Insulares. Uno de ellos, el Consejo Insular de Formentera, coordina (integra) al único municipio de la isla. Según el Ministerio de Hacienda, los presupuestos de todos estos entes ascendieron en el año 2012 a 20.843 M€

Además, como entidades locales supramunicipales, coexisten 1.012 Mancomunidades, 81 Comarcas, 80 Agrupaciones y 3 Entidades Metropolitanas. Según el Ministerio de Hacienda los presupuestos de todos estos entidades ascendieron en el año 2012 a 1.800 M€ aproximadamente.

Y por debajo de la estructura municipal, en su propio territorio, existen núcleos de población que en muchos casos gozan de personalidad jurídica. Actualmente hay 3.727 núcleos de población con estatus de Entidad local de ámbito inferior al municipio (EATIM), a los que el mismo Ayuntamiento ha delegado algunas competencias (no existen una cuantificación global de sus presupuestos, solamente datos aislados).

Si las competencias de estas entidades supramunicipales e inframunicipales (que en muchos casos se solapan y en otros muchos se duplican) se repartiesen entre los Municipios y las Diputaciones adaptadas a la nueva estructura municipal, en el caso que se opte por mantener municipios de 2.000 habitantes, el ahorro anual estaría comprendido entre el 0,1 %  y el 0,4 % del PIB.

A este puzle añadiremos que cada una de estas Entidades locales puede gestionar los servicios locales como desee, a través de: órganos ordinarios de su Administración general, organismos autónomos, sociedades mercantiles; o participando en consorcios, asociaciones o fundaciones; o mediante instituciones o empresas privadas con las que han firmado una concesión, un arrendamiento o un concierto. Por si fuera poco la Comunidad Autónoma también interviene en el mundo local para aportar su granito de arena a este fabuloso “puzzle”. La racionalización de las formas de gestión de los servicios públicos locales, a la luz de las transferencias que dedican las entidades locales a este enjambre de entes, podría aportar  un ahorro anual del 0,5% del PIB.

Como puede verse en esta apresurada radiografía, el tercer nivel de la Administración Pública española es una verdadera locura de organización en la que la realidad ha superado a la imaginación. ¿Es tan difícil regular la gestión de los servicios públicos locales por el Ayuntamiento y por la Diputación, cuando ésos sobrepasen los límites del municipio, y así ahorrar anualmente entre un 1,4% y un 3,0% del PIB?

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