JOSE MARÍA ALONSO.
El cargo de Secretario de Estado para la Unión Europea fue ostentado y ejercido por Don Diego López Garrido entre 2008 y 2011. El Sr. López Garrido recibió la medalla de la Orden al Mérito Constitucional como reconocimiento de quienes han resaltado los valores y los principios recogidos en la Constitución Española. Por ejemplo la prohibición del mandato imperativo, solo que ese principio constitucional parece que lo ha resaltado ejerciéndolo al revés, o sea, cumpliendo con la disciplina de voto dictada por el jefe del partido al que pertenece y conculcando el mencionado principio constitucional que lo prohíbe. Pero según consta, Diego López Garrido recibió esta medalla por su participación en la Convención Europea, encargada de redactar el Tratado Constitucional Europeo, germen del Tratado de Lisboa, para cuya redacción no solo no se contó con representante alguno de la ciudadanía, sino que además se votó en contra en varios países hasta que probando suerte cambiándola de nombre y repitiendo votaciones terminó por colar.. Quizá también por ello acumula las condecoraciones de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa y la de Caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito, concedida por el presidente de la República Italiana, y que es la máxima que otorga el país.
Al perder las elecciones el órgano del estado al que pertenece Don Diego, el PSOE, y ganarlas el otro órgano del estado que suele alternar en el poder, el PP, también suele cambiar el Secretario de Estado para la Unión Europea, y he aquí que la persona escogida en 2011 es el Excelentísimo Señor Don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, noveno barón de Claret, descendiente directo del mismísimo Esquilache y que lleva incrustado en el Parlamento Europeo desde 1992, de donde no hay quién lo mueva.
Este señor tuvo la simpática ocurrencia de apresurase a enviar una nota de prensa con el membrete del Ministerio de Exteriores indicando que Francia, Italia y España habían hecho una petición conjunta para “la inmediata ejecución de los acuerdos” europeos, lo que fue inmediatamente desmentido por los gobiernos de Francia e Italia quienes calificaron el comunicado de “alucinante” y no basado “en ninguna realidad”. Alguien debería haberle explicado que no es lo mismo una negociación en desarrollo que una resolución final. Lo que pasa es que su jefe es el insigne opinador de asuntos económicos, Don José Manuel García-Margallo, a la sazón Ministro de Exteriores y Cooperación con el que tiene publicada de manera conjunta el bestseller de economía ¨Una Reforma Fiscal para España¨. Laurel y Hardy en versión diplomática.
La última del simpático barón ha sido decir en televisión que se está viendo un ataque contra la representatividad en nuestra democracia que le parece peligroso y además profundamente injusto. Lo dice en un tono conciliador y paternal, con una media sonrisa y un ademán de desagrado como si quisiera apartar de sí algún bicho que revolotea a su alrededor. Me pregunto a qué concepto de representatividad se refiere don Íñigo, ¿quizá al que soliera explicar en sus tiempos de docente como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense? ¿Esa representatividad que tan bien conocemos basada en las listas de partido y que no representa a nadie más que al que las confecciona?
Lo que es peligroso y profundamente injusto para la democracia –que no existe en España- es que desde las instituciones se quiera confundir uno de los principios que la instituyen como es el de la representación que sólo es posible si es uninominal, si es necesario en elección a doble vuelta, sujeta a circunscripciones de no más de cien mil habitantes y con mandato imperativo y revocable; con el engaño de lo que al electorado se le ha hecho creer durante más de treinta años, y es que son representados por personas desconocidas puestas a dedo en listas cerradas (o abiertas).
