Las Balanzas Fiscales

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LORENZO ALONSO.

Las balanzas fiscales son métodos de investigar el comportamiento fiscal de los poderes públicos en el territorio que domina. Pero hoy día, hablar de balanzas fiscales en un Estado tan descentralizado como el nuestro, cuyo principal problema es esa excesiva descentralización, no tiene mucho sentido. Buscar la incidencia económica de las actuaciones del Estado en lo poco que le queda por descentralizar solamente tiene un significado: cuestionar el poder del Estado nacional y disputarle alguna que otra competencia hasta vaciarlo o buscar un saldo mágico entre ingresos aportados y gastos recibidos para arrojárselo al Gobierno nacional como un dardo envenenado, con el fin de culparle de sus estrecheces financieras.

¿Es casualidad que el estudio de las balanzas fiscales regionales surja cuando el debate político territorial se intensifica o es causalidad de la demagogia política que se manifiesta en todo se esplendor en las campañas electorales? Lo que parece claro es que algunos políticos visten de ropajes técnicos la justificación de un poder fiscal regional más amplio y la ocultación de la nefasta utilización realizada de los recursos públicos que tienen encomendados.

Estos políticos saben que los ciudadanos son los que pagan los impuestos y los que se benefician de los bienes y servicios públicos que proporciona el Estado (y no los territorios o las regiones); que los habitantes con más recursos, independientemente de la región en la que vivan, contribuyen más que el resto de la población; que los habitantes de su región viven mejor gracias a que los ciudadanos de las otras regiones compran los productos y servicios que producen (como se observa en las Balanzas comerciales, las tablas Input-Output o la Contabilidad regional); y que logran vender sus productos gracias a que el Estado ha protegido muchos de sus productos de la competencia exterior.

Como “el diablo habita en los detalles”, veamos algunos de los criterios que se utilizan en las Balanzas fiscales: el enfoque del flujo monetario (FM) y el enfoque de carga-beneficio o flujo-beneficio (FB).

Con el enfoque del flujo monetario los ingresos obtenidos por el Estado se imputarían al lugar donde se recaudan, donde las personas y empresas tienen su domicilio fiscal (Corte Inglés, Repsol, Telefónica y Endesa en Madrid; CaixaBank, Gas Natural, Nestlé y Nissan en Barcelona; Citroën en Pontevedra; etc.). Y los gastos realizados por el Estado se imputarían al territorio donde se producen (las compras de medicamentos realizadas por la Seguridad Social, las compras de coches para la Policía Nacional o para la Guardia Civil, la compra de ordenadores y de servicios TIC o las sofisticadas compras realizadas por el Ejército se imputarían a las regiones donde se realizaron cada una de estas compras).

Con el enfoque el enfoque de carga-beneficio o flujo-beneficio los ingresos obtenidos por el Estado se imputarían al territorio donde residen las personas que soportan la carga tributaria al margen de dónde se localiza la recaudación (los consumidores de luz o gasolina, los que piden un préstamo, los que compran un coche o un ordenador); pues no todo lo que se recauda en Madrid, Barcelona o Pontevedra proviene de las personas que viven en esos territorios. Y los gastos se imputarían al territorio donde residen las personas que consumen los servicios públicos o perciben los beneficios de las transferencias (los coches, ordenadores y material en la provincia donde se utilizan, y si es material defensa nacional a todo el territorio). Como dice el profesor Ezequiel Uriel en “cigarrasyhormigas.com”, hay gastos que son divisibles territorialmente (un pantano, un aeropuerto, una estación de tren) o personalmente (las pensiones, el sueldo de los profesores de un colegio); hay otros gastos que son mixtos (los AVE Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla o Madrid-Valencia, que inciden en los territorios por donde se realizan mientras se construyen y el lugar de origen y destino de los pasajeros a posteriori); y hay gastos indivisibles (Parlamento, Gobierno Nacional, Defensa, Embajadas) que inciden en todo el territorio nacional y son muy difíciles de distribuir regionalmente.

Pero no es de recibo, como expone Pascual Fernández en el capítulo 4 de “El mito fiscal, razones para un debate”, que en la Balanza fiscal catalana, realizada por el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña para  2006-2009 se invente una nueva metodología (en realidad es un pastiche) en la que se descartan los ingresos que obtiene el Estado de los diversos Fondos de la Unión Europea, de los rendimientos de su patrimonio (inmueble, mueble, juegos) o de la enajenación de bienes e inversiones (y si el estudio se hiciese con las operaciones financieras también prescindirían de los ingresos obtenidos de la venta de activos financieros y de los pedidos en los mercados de capitales).

Tampoco es de recibo prescindir en el lado de los gastos, de aquellos de carácter financiero (los intereses de la deuda pública pedida para financiar el exceso de gastos de las Administraciones Territoriales, en especial los gastos pendientes de pago y la amortización de los “bonos patrióticos” catalanes que vencen ahora), de las aportaciones a la Unión Europea (también prescindirían de la devolución de los capitales prestados, si se tuviesen en cuenta las operaciones financieras). Y es ridículo adjudicar a Madrid todos aquellos gastos del Estado no territorializables, como las instituciones básicas del Estado (Congreso, Senado, etc.), los servicios exteriores y todos los gastos de Defensa no territorializados.

Muchas veces los ciudadanos tenemos la sensación que los “idiotas” son los encargados de gestionar los asuntos públicos y de elaborar los destinos de nuestra nación.

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Asimismo podría inferirse de lo tan magistralmente expuesto en su artículo, que los responsables de la “cosa” que padecemos han de discernir que los ciudadanos somos una panda de idiotas que nos lo tragamos todo sin rechistar apenas.
Excelente artículo.