El Poder Judicial prohibe a los jueces ejercer el paro pero una parte le desobedece con la “autorregulación”

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La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha confiado en que los jueces actúen con “responsabilidad” en la jornada de huelga general convocada para este miércoles, y ha recalcado que “parar la Justicia no es la solución a los problemas porque el máximo perjudicado es el ciudadano”. En declaraciones en el marco de la clausura de las VIII Jornadas de Justicia y Comunicación del órgano de gobierno de los jueces, que se han celebrado en Bilbao, Bravo ha manifestado su deseo de que “la tutela judicial efectiva prime sobre cualquier otra cuestión”.

En este sentido, ha recordado que la Comisión Permanente rechazó la semana pasada la petición de “una asociación judicial”, en referencia a Jueces para la Democracia (JpD), que solicitaba el establecimiento de servicios mínimos en los juzgados y tribunales de toda España. “No hay un soporte normativo que pueda justificar el derecho de huelga. No hay soporte legal y no procede la regulación, por lo que las condiciones que prevé el decreto de 1977 (sobre el derecho a huelga) no se pueden aplicar”, ha afirmado. De igual modo, la portavoz del CGPJ ha recordado que en febrero de 2009 este órgano ya dictaminó que el derecho de huelga no tiene soporte normativo para la carrera judicial, por lo que no procede la regulación de servicios mínimos, como en el resto de actividades profesionales.

 

 

Jueces para la Democracia (JpD) había mostrado su apoyo a la huelga general convocada para este miércoles, y ha criticado que los “sacrificios” que se exigen a la mayoría de la población no se extienden a los”sectores más privilegiados” pues las grandes empresas, las entidades bancarias y las grandes fortunas siguen sin realizar aportaciones tributarias en términos similares a otros países de nuestro entorno. La asociación de jueces comparte en un comunicado las razones de los sindicatos para convocar el paro general y anuncia que asumirán la “autorregulación” de la carga de trabajo establecida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la negativa de este órgano de regular los servicios mínimos. Jueces para la Democracia entiende que se está produciendo un “inaceptable desmantelamiento” del Estado Social y un “ataque sin precedentes” contra el sector público, que está dando lugar a “intensos” recortes de las prestaciones sociales y de los servicios más importantes para la ciudadanía”, informó Europa Press.

 

“Los continuos recortes de los servicios públicos han tenido también considerables repercusiones en la administración de justicia. Nuestro país se encuentra con un sistema judicial en gran parte al borde del colapso, con una de las tasas más bajas de jueces por habitante en el ámbito europeo y con uno de los más elevados índices de litigiosidad. En lugar de solucionarse estos problemas, el gobierno ha acordado una importante reducción del presupuesto para 2013. Además, desde el gobierno se pretende prescindir de la mayor parte de la partida destinada a jueces sustitutos, en la línea de su política de ajustes económicos, con la pretensión de que sean los jueces titulares quienes asuman dicha carga de trabajo. Ello resulta manifiestamente imposible, lo cual provocará mayores disfunciones y demoras, con el consiguiente perjuicio para el servicio público y para los ciudadanos, que verán afectado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Del mismo modo, la paralización de las inversiones en Justicia imposibilitará el desarrollo de la nueva oficina judicial. Por otro lado, la implantación de las tasas judiciales provocará graves desigualdades procesales por razones económicas y permitirá que solo tengan acceso a la justicia quienes puedan pagársela. Todas estas razones motivan nuestro apoyo a la huelga general del 14 de noviembre, en el ámbito de nuestra participación en la Cumbre Social. Y por ello compartimos las razones de los sindicatos al efectuar dicha convocatoria. Ante la negativa del CGPJ a regular los servicios mínimos, los propios jueces asumiremos su autorregulación”, señalan.

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