ROBERTO CENTENO.

En 1975 los españoles teníamos el gas, la electricidad y los productos petrolíferos antes de impuestos más baratos de Europa. A día de hoy, y sumando los déficits de tarifa, son los más caros no solo del continente, sino de toda la OCDE. La razón de esta monstruosidad tiene su origen, como todas las demás, en la infausta Transición y en la connivencia entre las oligarquías política, financiera y empresarial para repartirse España como si fuera un solar, y que en la energía se concretaría en la entrega a la oligarquía empresarial de los activos públicos petroleros y gasistas a un precio irrisorio y en la sustitución de los monopolios públicos con precios regulados por monopolios privados con precios libres.

Esta posición de monopolio, con la que nos han expoliado decenas de miles de millones, les ha permitido expandirse en el exterior con nuestro dinero mucho más agresivamente que el resto de empresas mundiales y hacerlo de una forma, por decirlo suavemente, manifiestamente mejorable. El efecto sobre España ha sido absolutamente devastador: desindustrialización masiva –la industria representaba en 1975 el 36% del PIB y hoy es menos del 15 %–, pérdida brutal de competitividad –después del trabajo, la energía es el principal factor de competitividad de una nación–, reducción de la renta disponible de las familias –al pagar por su energía hasta un 50 % más que la media de Europa– y, en consecuencia, reducción del consumo, del crecimiento y del empleo. Después del modelo de Estado y del desastre del sistema financiero, los precios de la energía son la tercera causa en importancia de la ruina de España.

¿Cómo empezó todo?
El tema  lo he vivido en primera persona, como consejero delegado de Enagas y luego de Campsa, como responsable designado por Enrique Fuentes Quintana del primer Plan Energético después de la muerte de Franco y, al abandonar Campsa, como presidente de Saroil, una empresa creada por mí y por Saras S.p.A., que llegaría a ser la mayor en ventas de productos petrolíferos después de las tres monopolistas, Repsol, Cepsa y BP. ¿Cómo de tener la energía más barata de Europa hemos pasado en menos de tres décadas a tener la más cara?

En 1984, y ante la entrada de España en la UE, los activos del Monopolio de Petróleos propiedad del Estado no fueron subastados entre las grandes petroleras mundiales –lo que habría garantizado un precio justo mas una elevada competencia y, en consecuencia, disfrutar de los precios más bajos posibles–. Miguel Boyer decidió hacer otra cosa. Con la soberbia y prepotencia que le caracterizaban, se negaría a escuchar las razones que le planteamos algunos y los entregaría a dedo a las refinerías españolas en proporción a su participación en los suministros al monopolio por una cifra irrisoria: 100.000 millones de pesetas, menos de una veinteava parte de su valor real. Fue un expolio histórico a los españoles.

Los activos y contratos de gas propiedad de la empresa pública Enagas, de la que fui cofundador y consejero delegado a las órdenes de Rafael del Pino, se entregarían también a precio de saldo a los nacionalistas catalanes, a los mismos que dicen que España nos roba. Entonces las tarifas al público eran la media de Gaz de France y Rhurgas, las más bajas de Europa, pero una vez en manos de los nacionalistas las tarifas pasarían a ser el doble. Entre 1992 y 1998 las plusvalías obtenidas por los del “España nos roba” serían de dos billones de pesetas, más de 20.000 millones de euros, además del monopolio de por vida. Un saqueo inaudito al pueblo español. En el caso de gasolinas y gasóleos pagamos hoy unos 110 euros/m3 mas que Francia o Reino Unido, que para un consumo de 46 millones de m3/año en automoción, agricultura o calefacción, unos 5.000 millones de euros anuales de más. Dicho en corto: la oligarquía monopolista ha recibido de la oligarquía política licencia para robar y es en lo que están.

El broche final sería obra de Rato, que a través de una ley “de competencia” cerraría el mercado a través de la discriminación en el acceso a las redes logísticas. Otra empresa gasista creada por un servidor y Massimo Moratti, dueño del Inter de Milan y la mejor persona que he conocido nunca, después de habernos asegurado suministros de gas a bajo precio de la noruega Statoil y de la rusa Gazprom, no pudo traer el gas a España porque Gas Natural nos impidió el acceso a las red. La CNE, cuya finalidad era precisamente el garantizar ese acceso, se lavó las manos con total desvergüenza. No estaba dispuesta a perjudicar a los de “España nos roba”  permitiendo que los españoles tuvieran el gas un 20% más barato.

En el sector eléctrico, un oligopolio análogo al petrolero, la llamada “liberación” permitió un expolio masivo a los consumidores. En poco tiempo subió las tarifas un 38% a familias y empresas y después exigieron  compensaciones por todo. Por “competir” inventarían los CTC, que les permitirían depredar a los españoles 11.000 millones de euros. ¿Dónde está la competencia? Se llevó al Constitucional y ¿saben qué dijo? Que este expolio de 11.000 millones era una “decisión política legítima”. Desde entonces manipulan el sistema de fijación de precios como les viene en gana y realizan mil tropelías más, y aunque han sido denunciados varias veces, nunca ha pasado nada.
En línea con ello, las remuneraciones de sus Consejos de Administración y órganos ejecutivos son las más elevadas de Europa y de la OCDE. Y luego, el apocalipsis; en su último Consejo, el Gobierno Aznar aprobó la ley de energías renovables más disparatada del planeta. Otorga las primas más altas y por más tiempo del mundo,  que no se reducen, como en el resto de países, con las mejoras tecnológicas, y que no están diseñadas para beneficiar al consumidor sino para saquearle. En la mayoría de países, las primas a la fotovoltaica se conceden a consumidores individuales, jamás a grandes instalaciones.

Y para completar el desastre se cedió a las comunidades la concesión de los permisos. La autorización por parte de un cacique local de un gran parque eólico podía valer –solo la obtención del papel– hasta 200  millones de euros, y de una gran fotovoltaica, hasta 40 millones. Unos pelotazos de antología, y eso solo para empezar. Luego, como en ocho años se amortiza la inversión, quedan 22 para inflarse. Todo un tsunami de corrupción incontrolado que nos ha llevado a tener la mayor potencia eólica y solar del mundo y el doble de capacidad de generación eléctrica de la necesaria. Un tercio del recibo de la luz son las primas a las renovables. 9.500 millones nos costarán este año, un 23% más que en 2011. La fotovoltaica cuesta diez veces más que la media de fuentes de generación. La luz ha subido un 70% desde 2006, el triple que en Europa según Eurostat, lo que está aniquilando cientos de miles de empleos y miles de industrias. Es el mayor expolio de la historia industrial de España.

Y la última tropelía, la energía termosolar, que carece de justificación alguna. Se decidió una moratoria en enero y ¿qué ha pasado? Pues que desde entonces se han instalado 700 Mw porque estaban “preinscritos” por los amigos de Montoro y la alta nobleza andaluza. ¡Inconcebible! Si estaban preinscritos se devuelve lo gastado demostrable y se acabó. Y ahora, Cristóbal, explícanos con qué cara nos vais a decir en poco tiempo que hay que reducir las pensiones, recortar el dinero del paro, y subir impuestos. Y a la vez, explicas a la gente que esta golfada que España no necesita nos va a costar 1.000 millones de euros al año durante 30 años. Con una economía en caída libre, el paro al mayor nivel de la historia y una de cada cuatro de las familias en la pobreza, es simplemente de cárcel.

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