El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, ha pactado con el Gobierno de Mariano Rajoy y el ministro Luis de Guindos su impunidad como gestor ante la quiebra de al menos cuatro bancos españoles que no fueron fiscalizados debidamente. Es por ello que ha presentado su dimisión para evitar una comisión de investigación parlamentaria y la exigencia de responsabilidades.

 

El abogado Antonio García Trevijano defendió este enfoque en los informativos de Radio Libertad Constituyente y apuntó que ningún medio de comunicación había advertido de esta lectura, limitándose a informar que se había producido la salida de Ordóñez un mes antes de que finalizara su mandato.

 

De la misma forma, también se ha sabido por medio del diario “Financial Times” que el Banco Central Europeo desaprueba la financiación de Bankia. La noticia, que ha recogido la agencia Europa Press,  señala que el BCE ha rechazado “rotundamente” el plan del Gobierno español para recapitalizar Bankia mediante el recurso indirecto a la liquidez del instituto emisor de la eurozona al considerarlo “inaceptable”.

 

Durante el pasado fin de semana, desde Madrid se había dejado caer la  poco ortodoxa idea de recapitalizar Bankia mediante la inyección de 19.000 millones de euros en deuda soberana en la matriz de la entidad, que podrían posteriormente ser cambiados por fondos del BCE a través de las operaciones de refinanciación a tres meses, lo que evitaría la necesidad de recurrir a los mercados.

 

Sin embargo, el BCE habría indicado al Gobierno que era necesario realizar una “apropiada” inyección de capital en Bankia ya que estos planes amenazaban con vulnerar la normativa europea de “financiación monetaria” o financiación de los gobiernos por parte de los bancos centrales, según apuntaron dos funcionarios europeos. Las noticias respecto a la “línea dura” adoptada por el BCE en su respuesta a Madrid se han conocido tras anunciar el Banco de España  que su actual gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez, abandonará el cargo a finales de la próxima semana, un mes antes de lo previsto.

 

El endurecimiento de la postura del BCE contrasta con la insistencia del Gobierno español en que la única solución posible a la insostenibilidad de la deuda es que la entidad se convierta en prestamista de último recurso de los estados. “Altos funcionarios del Gobierno en Madrid defienden que los rescates de Portugal, Grecia e Irlanda, han sido catastróficos y que España no se comprometerá a aceptar una fórmula de intervención similar”, señala el “Financial Times”.

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