El problema real

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Las personas civilizadas, y gran parte de la mentalidad estatal, no soportan ser gobernadas un día más por Felipe González. Gentes civiles y agentes estatales han convertido a ese señor, que sin el poder que le dan sería nada, en problema que agobia y perturba a los españoles. Lo que sale de su Gobierno es civilmente tonto o demoníaco; lo que le brota en la sociedad, estatalmente ruinoso o conspiratorio. El símbolo de la discordia se ha encarnado así en algo recalcitrante que, por falta de conocimiento y escrúpulo, por sobra de ambición y vanidad, exacerba el choque frontal, sin paliativos intermedios, entre la moralidad civil y la amoralidad estatal. Demasiado efecto social para tan poca causa personal. Se entiende mejor la situación si miramos el fenómeno felipista como un subproducto cultural de la separación que la Constitución introduce entre sociedad civil y sociedad estatal. Aquí está la causa del problema real que ocasiona el rechazo por la primera de la amoralidad de la segunda. En la Constitución del Estado de partidos no hay lugar, se diga la palabrería que se diga, para una sociedad política que quiera situarse, como intermediaria, entre la sociedad civil y la estatal.   Como en los Estados totalitarios, la sociedad política en esta Monarquía pertenece exclusivamente al orden estatal, al Estado que financia a los partidos y que reparte su poder entre ellos. La identificación entre sociedad política y sociedad estatal es tan total en el régimen de la transición como en el franquista. La única diferencia se encuentra dentro de la sociedad estatal: monolítica en la Dictadura, oligolítica en la Monarquía. Pero en su relación con la sociedad civil, el poder político reproduce con libertades el mismo señorío de la amoralidad estatal, la misma servidumbre de la moralidad civil. La identificación totalitaria de la sociedad política con la estatal está causada por los dos factores constituyentes de la corrupción oligárquica: un sistema electoral que prohíbe la representación de la sociedad civil y del elector, y una institucionalización de los partidos para la formación, en exclusiva, de la voluntad estatal. Este régimen, que no es democrático porque no es representativo de la sociedad ni separador de los poderes estatales, tampoco puede ser decente, ni al menos decoroso, porque la diputación de partido es impermeable a la esfera civil donde se legitiman los valores morales.   Se genera moralidad en el Estado dando representación política a la hegemonía de la sociedad civil, y no dando privilegios al cuerpo intermedio entre los individuos y el Estado, que es la sociedad política. El primer objetivo se consigue cambiando la ley electoral para que los diputados de lista de partido sean sustituidos por diputados personales de distrito, elegidos por mayoría absoluta. El segundo objetivo se obtiene cambiando la forma parlamentaria de gobierno, para que los ciudadanos elijan directamente a su presidente, con un solo mandato. Mientras la democracia no se imponga a una clase política que la rechaza por egoísmo de clase, votar listas de partido es una incoherencia en gentes civilizadas. En lugar de concentrar todas sus energías en la civilización de la sociedad política, en vez de acrecentar su autoridad para promover la reforma constitucional, personas de talante democrático, o incluso de izquierdas, nos proponen votar al partido de Fraga, a sabiendas de que significa un retorno al autoritarismo, para así expulsar del Gobierno a la inmoralidad felipista. Aunque en las elecciones municipales haya pueblos donde se pueda votar, sin perder la dignidad, a listas marginadas de la oligarquía de partidos, la abstención general sigue siendo la regla más útil para aumentar la conciencia de la necesidad de la democracia política, y para no caer en la incoherencia de condenar al felipismo por maquiavélico, y tratar de echarlo del poder, que es un fin bueno, votando al partido de Aznar, que es un medio malo.   Artículo publicado en El Mundo el viernes 24/4/2000

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