Pacto antidemocrático de Gobierno

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El modo de pactar la investidura y la naturaleza de lo pactado, con el beneplácito de los partidos y los medios de comunicación, definen a la perfección la clase de régimen y de opinión pública que merecemos. Sin conocer aún su contenido concreto, nadie podrá negar que ese pacto se ha negociado por dos grupitos de personas, de forma secreta y fuera del Parlamento. Esto, que parece normal porque estamos acostumbrados a los modales abusivos y sigilosos del poder, constituye sin embargo un grave atentado a principios esenciales de la libertad. El secreto de la negociación vulnera el principio de la publicidad en los móviles y actos de Gobierno. Y no hay más definitivo acto de gobierno que el de su formación. Los «secretarios» del poder, con su clausura y secuestro de la información sobre los asuntos de gobierno, son los únicos responsables de la posible irresponsabilidad de la imaginación de los comentaristas políticos, y de la permanencia de la pobre incultura de la opinión pública. El argumento de que con el secreto se garantiza la viabilidad del pacto de legislatura, supone un desprecio hacia las bases de los propios partidos y a la capacidad de comprensión del sentido de la responsabilidad de los gobernantes en los gobernados. Los negociantes del secreto fomentan la sospecha de bastardía en las ambiciones políticas.   La negociación de un pacto extraparlamentario de investidura parlamentaria ha de ser más trasparente que la de un pacto de Gobierno de coalición. La coherencia del programa de Gobierno en relación con los programas de los partidos coaligados, y la común responsabilidad ministerial, bastan para dar un criterio público a la confianza de la opinión. Mientras que esta confianza quiebra de antemano cuando el Gobierno nace de una transacción secreta entre el partido más votado y unas minorías que no dan la cara en el Gobierno, y que con un sistema que fuera representantivo de la sociedad civil no tendrían esa importancia parlamentaria. La ley electoral determina que las minorías nacionalistas, el factor que tiende a deshacer la igualdad ciudadana interregional, estén superrepresentadas en el Congreso. El partido más votado, sea el PSOE o el PP, están forzados a pactar siempre con partidos que apenas representan al cuatro por ciento de los votantes. Los jefes de estas minorías logran ventajas desorbitadas porque van dispuestos a negociar la investidura de la «voluntad general», con la «voluntad particular» y el «interés particular» de sus regiones. Y esto rompe la legitimidad de la representación consagrada en la Constitución parlamentaria.   El solo hecho de que CiU y CC hablen frente al PP en nombre de Cataluña y Canarias, y defiendan sin tapujos los intereses de estas regiones, supone una flagrante violación de la doctrina de la voluntad general y del interés general que ellos mismos dicen profesar y a la que han jurado lealtad como representantes de la Nación y no de una de sus partes. Así demuestran cada día, con sus actos, que no creen en esas absurdas ideas que, sin embargo, los legitiman como diputados españoles. Y si dicen, como ya andan diciendo contra la evidencia, que ellos han puesto condiciones iguales para todas las Autonomías, entonces confiesan que han cometido el delito constitucional de usurpación del poder constituyente. ¿Acaso las demás Autonomías han dado a Pujol el poder de poner condiciones al Gobierno del Estado en nombre de ellas? Que nadie se extrañe, pues, de que basándome en las ideas constitucionales de la ideología dominante en la opinión pública, califique de antidemocrático a un pacto secreto que ha violado principios consustanciales, no ya de la democracia ausente, sino del liberalismo parlamentario y del mismísimo Estado de partidos: El principio de la publicidad, cuyo desconocimiento desorienta a la opinión pública; el principio de la representación política, cuya inobservancia destruye todo el sistema parlamentario; y el principio de la titularidad del poder constituyente en todos los partidos, cuya usurpación por dos fuerzas políticas destroza el equilibrio de la oligarquía de partidos que garantiza la Corona.   Artículo publicado en El Mundo el 29/4/1996

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