Inversión en injusticia

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Para defender la asignación presupuestaria en su ramo el Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño, ha afirmado en declaraciones a la prensa que invertir en Justicia es hacerlo en seguridad y confianza. Sin embargo, mientras no sea la propia Justicia la que elabore su presupuesto, esa seguridad y confianza sólo se pueden entender como aseguramiento de impunidad por la sociedad política controlando la llave del peculio judicial. No puede existir independencia funcional sin independencia económica y Caamaño es muy consciente de ello. La atracción de las asociaciones judiciales y del teledirigido Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) depende en buena manera de la atribución de medios materiales como también de las correspondientes contraprestaciones tanto expresas como tácitas de docilidad futura.   Reducir el problema del adecuado funcionamiento de la Justicia a una simple cuestión de dotación de medios materiales y de modernización tecnológica ha sido un éxito de Caamaño, que consiguió por esa vía desactivar la primera y, hasta ahora, única protesta judicial que ha cuajado en huelga. En aquella ocasión las mejoras de vacación y salario consiguieron apaciguar a los magistrados, demostrando éstos una actitud tan poco decorosa como difícilmente justificable. Ahora, se consigue centrar las enmiendas de la oposición en las cantidades dotacionales correspondientes excluyendo una vez más del debate la naturaleza misma de la fuente de financiación. Así el portavoz del Grupo Popular, D. Vicente Ferrer, criticaba la partida presupuestaria centrándose en exclusiva en que su escasez condena al fracaso la implantación de la nueva oficina judicial al reducir a la mitad el dinero destinado a la modernización tecnológica.   Para la independencia judicial y su separación en origen del resto de poderes del Estado es indispensable que la Justicia elabore y disponga de su propio presupuesto. Esto únicamente se puede conseguir con efectivo equilibrio de los tres poderes clásicos del Estado mediante su elaboración por un Consejo de Justicia, también separado en origen, que eleve la correspondiente propuesta a una comisión mixta de la Asamblea y del Ejecutivo que la aprueben, devolviendo el presupuesto judicial para su enmienda en caso de no obtenerse esa aprobación y garantizando por vía constitucional en todo caso un mínimo porcentual sobre los Presupuestos Generales del Estado que evite su estrangulamiento.

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