La sociedad civil y la libertad

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Con las víctimas del terrorismo (foto: HazteOir.org) La sociedad civil y la libertad   Llamamos sociedad civil -y creo que no está de más recordarlo aquí- al conjunto de asociaciones independientes del Estado, desprovistas de fuerza coercitiva, que agrupan y coordinan a los individuos que forman una comunidad -asociaciones y redes de relaciones sociales creadas para la defensa de intereses, ideologías, creencias e instituciones- y originan una vida social donde se forma la opinión pública a través del intercambio, el debate y la discusión de ideas o puntos de vista, enderezadas a influir en la adopción de decisiones políticas.   Se dice de la sociedad civil que debe ser «inclusiva» y disponer de múltiples escenarios: sindicatos, iglesias, partidos y movimientos políticos y culturales, negocios familiares, empresas y cooperativas de trabajadores, asociaciones de vecinos y de consumidores, escuelas de pensamiento, grupos nacionales y agrupaciones que promuevan esto o prevengan aquello. Mas la condición primera para que exista una verdadera sociedad civil, digna de tal nombre, es decir, que pueda ejercer sus funciones civilizadoras adecuadamente, es que exista un ámbito libre donde pueda desarrollarse sin la interferencia excesiva del poder público.   Michael Waltzer ha recordado recientemente el peligro que corre la vida asociativa en los países capitalistas llamados «avanzados» con regímenes socialdemocráticos: «la cooperación cotidiana y la amistad cívica decrecen a un ritmo constante, la solidaridad familiar, la asistencia mutua, la afinidad política, todo esto resulta menos real y sustancial».   Para percatarse de que, efectivamente, vivimos en Occidente una especie de retroceso de la sociedad civil, lugar donde anidan las libertades y derechos de los ciudadanos -desde los que tienen un carácter más personal, como la libertad de conciencia, o libertad de pensamiento, o la libertad de moverse libremente dentro del Estado, pasando por los que tienen un perfil social, como la libertad económica, hasta llegar a los de índole política, como la libertad de expresión y el derecho a participar en las decisiones del Gobierno-, basta con mirar a nuestro desgraciado y afligido país.   El éxito resonante de la última concentración convocada por la asociación «Voces contra el terrorismo» que preside don José Alcaraz, a pesar del general e irresponsable desdén informativo de casi todos los medios de comunicación -que han demostrado de esta manera su adscripción a la clase política o su dependencia de ella- expresa la capacidad y el éxito de la sociedad civil, a pesar de las dificultades, para movilizarse de manera amplia y contundente en defensa de valores que solo dentro de ella pueden producirse y prosperar.   La nota discordante y obscena la ha dado, cómo no, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ejercitado por el todopoderoso ministro Alfredo Pérez Rubalcaba -al que ya solo cabría nombrar «reina madre» del Estado español-, que amenazó a la asociación de víctimas del terrorismo ya mencionada, durante la propia manifestación autorizada, con imponerle una importante sanción económica si no disolvía el acto, porque al parecer se habían excedido las previsiones de asistencia.   Pero no sólo el Gobierno actuó de forma miserable, también el llamado -no sé por qué- partido de la oposición, pues uno de sus más destacados prebostes, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, dio todo un recital de cicatería, negligencia y desidia municipal en lo tocante a organización del tráfico y el acceso a la céntrica plaza de Colón donde se desarrolló el acontecimiento, si es que acaso no fue una verdadera sinfonía de hostilidad hacia las víctimas del terrorismo.   De este modo quedó perfectamente claro que, tanto Gobierno como oposición, PSOE como PP y todos los demás partidos, actuaron como enemigos de las libertades -que en realidad ya se hallan secuestradas a causa de ellos- de la ya subyugada y casi asfixiada -pero viva aún- sociedad civil española.

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