Bud Spencer Caamaño I "El Bruto" Llegó como pacificador a la cúpula del manejo político de la Justicia para poner paz en la rebelión de los jueces tras la combustión espontánea de su insolente predecesor, propiciada por cacerías inoportunas y por una frontal negativa a reconocer a las puñetas el derecho de huelga. Las mismas dotes que hicieron apto a Fernández Bermejo para ser el rector político de la Justicia, combinando por partes iguales chulería y autoritarismo, le situaron fuera como obstáculo insalvable para desbloquear el conflicto planteado por la judicatura.   La eficacia de la estrategia Caamaño para desbloquear el conflicto reside en su simplicidad. Reducir el conflicto a lo material y plantearlo en términos de razonamiento primario. Eliminar de la negociación a las Juntas de Jueces y reconocer de facto la parasindicación judicial como representación colectiva a través de sus asociaciones fue el primer y elemental paso. Después, y en la línea del pensamiento bruto, vincular la mejora de las condiciones de vida de los Magistrados (salario y vacación) a la mejora de la Justicia dejó el fuego en rescoldos. Un Juez bien alimentado y descansado está más contento y dicta resoluciones de mayor calidad. Y protesta menos.   El pensamiento en corto preside toda su dirección de la Justicia desde el poder político. Administrativizar parcelas judiciales, como el proyecto de municipalización de los registros civiles o la ejecución civil mediante las subastas judiciales on-line a través de la página web del Ministerio de Justicia, excluyen de la función jurisdiccional so pretexto de la eficacia en la gestión aspectos que se encontraban bajo la garantía judicial.   Esa misma concepción simplista es la que preside la voluntad de sustraer la función penal instructora de manos del Juez, entregándola a una Fiscalía organizada jerárquicamente y al mando de un Fiscal General del Estado elegido por el Gobierno, dejando en sus manos la iniciativa de persecución del delito y las diligencias de investigación del hecho criminal y sus implicados. Pensamiento bruto que subyace también en su meta de reducir la litigiosidad recortando el sistema de recursos, estableciendo peajes judiciales mediante depósitos obligatorios para poder recurrir y dotando a los Secretarios de facultades decisorias. ¡Cómo si recortando el acceso a la sanidad se acabara con la enfermedad!   La ratio decidendi bruta es interpretada por el obiter dictum de su concepción de la Justicia como mecánica de la resolución de conflictos en enredos judiciales como el secuestro del Alakrana (España “como país” no ha cedido a la extorsión), o la “constitucionalidad” del estatuto catalán, que para el Ministro está fuera de dudas porque “ha sido aprobado y votado por la mayoría absoluta de los representantes del pueblo”.   Simplex lex, sed lex.