Al igual que hace poco advertíamos sobre las dimensiones del fraude fiscal y la bajada de recaudación de los principales tributos del Estado, hoy hacemos lo mismo sobre otro efecto de la crisis: el aumento de la morosidad fiscal, es decir, los derechos pendientes de cobro de la Hacienda Pública Estatal (20% en los impuestos directos y 41% en los indirectos) en los cuatro primeros meses de 2009.   Ante esta situación el Gobierno, además de incrementar la Deuda Pública como método de financiar sus gastos y de paliar los efectos de la crisis económica y financiera que padecemos, está haciendo pruebas con la aceptación social de la subida de impuestos, ya que se está dando cuenta (¿…?) de que no se puede seguir por el camino del endeudamiento. Para ello ha comenzado con un pequeño cambio en algunos impuestos especiales (tabaco y carburantes), cuyas subidas son mera calderilla al lado de lo que se necesita, y está anunciando una actualización general en el proyecto de presupuestos para 2010 que presentará en septiembre.   Están lanzando mensajes sobre la bondad de ese incremento de los impuestos con pseudo-razonamientos sobre la baja presión fiscal, la injusta distribución tributaria o la escasa progresividad impositiva. A su lado pululan adivinos que intentan alegrar a los ciudadanos con sus predicciones positivas con símbolos deducidos de gráficos sobre el comportamiento económico a lo largo de un periodo. Unos, cegados por el voluntarismo, ven nuestra trayectoria económica como una V (brusco descenso y rápido ascenso); otros, vestidos de realismo mágico, ilustran la situación como una U (igual que el anterior pero con un leve tiempo en el fondo); en ambos casos los ciudadanos aceptarían la carga como mansos corderos.   Pero hay agoreros que nos perciben tocando fondo durante un largo tiempo, como una larga L. Nos dicen que es muy fácil destruir empleo pero no lo es tanto volverlo a crear con las cualidades que algunos dirigentes imaginan. Nos advierten de los nubarrones que se ciernen sobre las formas de financiación de nuestra economía nacional (excesiva dependencia del ahorro exterior: en 2007 la deuda externa de España era de 1.561.412 millones €, un año después es de 1.662.438 millones €) y de nuestras Administraciones públicas (fuerte incremento de la deuda pública en circulación: hemos pasado de 375.739 millones € en el primer trimestre de 2008 a 465.456 millones € en igual periodo de 2009).   En todo este proceso los ciudadanos, salvo algunos pocos, carecen de información suficiente de la situación por la que atraviesa nuestro país al no tener representantes políticos que trasladen a su distrito lo que está sucediendo. Nos tratan como a menores de edad, con un paternalismo sospechoso, para no “molestarnos innecesariamente”. Estamos más enterados de la marcha de la sociedad de EE.UU. y de las soluciones que adopta su Gobierno que de lo que pasa al lado de nuestra casa.