El pasado 21 de Mayo el Ministro de Justicia D. Francisco Caamaño, propuso en el Senado implantar un “depósito” obligatorio “previo a la presentación de recursos” con la finalidad, según argumentó, de “disuadir a quienes abusan de este derecho” y a fin de evitar “la saturación de los juzgados y en especial del Tribunal Supremo”. Según anunció el Ministro en su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, esta medida consistiría en “un depósito de escasa cuantía” que definió como “una tarifa plana previa a la interposición de un recurso para disuadir a los recurrentes que abusan”.   Caamaño vuelve así a la carga en su decidida intención de replantear el sistema de recursos recortando las garantías del justiciable y haciendo caso omiso de las observaciones de Naciones Unidas precisamente en sentido contrario ante la ausencia de la segunda instancia penal en determinados asuntos.   Según Caamaño, “no se puede saturar el sistema con cadenas de recursos”, encontrando sorprendentemente apoyo a su propuesta en la oposición, quien por boca del popular Agustín Conde se mostró de acuerdo con que “habría que poner coto” al exceso de recursos. En cuanto a la medida concreta de implantar una tarifa plana para recurrir, Conde se mostró parcialmente de acuerdo limitándose a preguntar por “quien la va a pagar”. “Yo estaría a favor de una tarifa plana, vale, pero si gano que se lo quiten al juez de la nómina. Podríamos pensarlo”, dijo el portavoz popular quien durante toda la comparecencia mostró una actitud desenfadada. De hecho Conde no vertió crítica alguna hacia Caamaño al que deseó suerte en la solución del conflicto con los jueces, cuya convocatoria de huelga para el próximo día 26 de Junio sigue todavía activa. Tampoco que se sepa las Asociaciones Profesionales de Jueces se han pronunciado respecto a tal propuesta, sorprendiendo su silencio cuando a la par se encuentran en plena negociación con el Ministerio.   Mientras, los justiciables y profesionales del derecho asisten a un nuevo recorte de garantías jurisdiccionales y a un proceso de progresiva burocratización judicial, que se agrava con el deficiente nivel técnico de las resoluciones judiciales que son corregidas en segunda instancia en un porcentaje aproximado del 20% según las estadísticas del CGPJ.   Además la onerosa medida resulta incompatible con la actual articulación del sistema de Justicia Gratuita y redundante con las ya existentes al efecto como son la imposición de las costas por vencimiento objetivo y el carácter general no suspensivo de las Sentencias de instancia, sin olvidar la facultad de apreciación de temeridad y mala fe procesal por el órgano ad quem con la imposición de sanciones a quien recurra con abuso.