Los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP han anunciado la presentación de una querella contra el Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-Pumpido por sus manifestaciones en las que acusaba a la Policía de falta de colaboración en la lucha contra el entorno de ETA. “No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados mientras el titular de una de las más altas instituciones de nuestro país lanza sobre todo un Cuerpo una sospecha que nos injuria y calumnia”, han advertido los cuatro sindicatos en un comunicado conjunto. Mientras, la superior política de D. Cándido, Dña. María Teresa Fernández de la Vega, se apresuraba a poner paños calientes en defensa de su cargo electo matizando que todo se debía a “un error procedimental que ya ha sido solucionado”, cuestión de técnica procesal a la que obedientemente también reducía el conflicto el titular de Justicia, Sr. Caamaño.   Acusar a 61.000 funcionarios públicos de un delito de prevaricación como hace Conde-Pumpido, trasciende sin embargo de lo meramente técnico para evidenciar una vez más la variedad de la patología jurídica que origina la ausencia de una auténtica policía judicial al servicio de la judicatura en la instrucción penal. No se trata de descoordinación procesal ni técnica, sino de una articulación institucional que no diferencia orgánicamente el desempeño de las funciones de policía administrativa de las propias de esa hoy ausente policía judicial. Mientras la primera debe encargarse de la inspección y represión del delito dependiendo así del ejecutivo (Ministerio del Interior), la función de la policía judicial debe abarcar necesariamente la investigación de hechos de posible trascendencia penal a instancia y bajo órdenes judiciales tras el conocimiento de la notitia criminis. Sin embargo, las afirmaciones del jefe de los fiscales no apuntan en el sentido referido sino, más al contrario, en un deseo inconfesable de sometimiento de ese único cuerpo policial a las órdenes de una fiscalía politizada en origen por la designación directa de su cúpula orgánica por el Presidente del Gobierno. La unión de la policía administrativa única a la fiscalía política supondría un poder ilimitado en el monopolio de la fuerza.   Cándido Conde-Pumpido (foto: AIMP) De la misma forma que la persecución de los delitos de la clase política precisan de una policía judicial real dependiente de la judicatura económica, funcional y orgánicamente, el auxilio policial reclamado por Conde-Pumpido sólo es justificable si la fiscalía formara parte del Poder Judicial y no del ejecutivo como de facto ocurre cuando el Fiscal General del Estado es elegido a dedo por el Presidente del Gobierno. De lo contario nos veremos abocados a la brutal represión policial del poder único.