Jueces y fiscales de distintos países europeos pertenecientes a la asociación internacional MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades), en colaboración con Jueces por la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, se reúnen en Madrid para debatir en el estrambótico encuentro titulado “¿Se puede juzgar la Historia?”. Los asistentes reflexionarán sobre el papel de la Justicia a la hora de afrontar hechos históricos como los crímenes del franquismo y las matanzas de las guerras coloniales de los países europeos. El caso Pinochet será igualmente objeto de análisis por uno de sus protagonistas, el abogado Joan Garcés.   El sesgo ideológico de las organizaciones integrantes de la asociación convocante y el contenido de los asuntos a tratar se dirige con evidente intencionalidad a sostener jurídicamente la extensión jurisdiccional universal de los tribunales nacionales en materia de Derechos Humanos así como, muy directamente, a justificar la causa general contra el franquismo abierta por el Juez Garzón en la Audiencia Nacional. Desde que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 solicitó del Registro Civil de Madrid el certificado de defunción del dictador Franco para acreditar la extinción de su responsabilidad penal sin imputar ni a los herederos del franquismo aún hoy en el poder, ni a sus colaboradores necesarios entonces en la oposición, el cinismo y el esperpento han precedido a la actuación judicial en esta materia. El preguntarse si los hechos históricos son objeto de proceso judicial cuando no se cuestiona el papel de sus actores, cómplices y cooperadores equivale a cuestionarse el sexo de los ángeles.   Esa actitud olvidadiza y benevolente con quienes desde un lado y otro sacrificaron la libertad política de todo un país bien para salvaguarda propia, bien aceptando gustosos la invitación a los salones del poder consumando la traición a las expectativas de libertad de todo un pueblo, también tiene expresa justificación en el encuentro referido. Los asistentes tendrán oportunidad de dedicar una sesión sobre el papel protagonista de la Justicia en las distintas “experiencias de transición a la democracia” tratando tanto los procesos políticos de las agonizantes dictaduras europeas de los años setenta (España, Portugal y Grecia) como de los noventa (Rumanía).   Odiar el delito y compadecer al delincuente no significa justificar su actuación criminal. La aplicación objetiva del Derecho conlleva necesariamente conducir la instrucción hasta sus últimas consecuencias una vez iniciada, caiga quien caiga. Una actividad sumarial destinada únicamente a juzgar si existió hecho criminal sin particularizar las responsabilidades y conductas de todos, absolutamente todos, sus intervinientes no sirve para nada más que para acreditar la hipocresía de la injusticia y la impotencia de su actuación si sigue sometida a un poder único adaptándose sin dignidad al nuevo statu quo con una apariencia de objetividad imposible.