A todo el mundo le parecería un esperpento que el poder ejecutivo, el Gobierno, se declarase en huelga o que holgase el poder legislativo (en ambos casos sería una suerte). Lo que a casi nadie le parece un esperpento es que el poder judicial se declare en huelga. Y lo es aunque sea legal (a pesar del CGPJ).   Según la teoría del Estado, el poder político es uno, único. No puede admitir otro poder en competencia. Y la misma Carta otorgada, la pseudo Constitución reconoce sin embargo esos tres poderes como si fuesen distintos. La Santísima Trinidad es un misterio, pero el Estado no es sagrado y si uno de sus poderes protesta contra otro, el ejecutivo, el gobierno, que es el verdadero poder político, el deus ex machina, lo que los une, significa que se está resquebrajando o descomponiendo. Una escisión así es una rebelión. ¿Estará el poder político tan corrompido que es incapaz de mantener su unidad?   La teoría de la soberanía es la clave del Estado. La soberanía estatal, a diferencia de otras formas de gobierno, es política y jurídica, unió los tres poderes, al arrogarse el soberano político, el ejecutivo, el derecho a legislar, a crear el Derecho. Así se constituyeron las Monarquías Absolutas. En Inglaterra fracasaron afirmándose en cambio la supremacía del Derecho, que pertenece al pueblo, sobre el poder político, el Gobierno; el Parlamento representa al pueblo y los jueces, autoridades sociales que conservaron su independencia, garantizan que el Derecho, el common-law, siga siendo del pueblo: el Gobierno bajo el imperio de la ley.   Los príncipes absolutos respetaron inercialmente la independencia de los jueces. Pero desde la revolución francesa es un dogma constitucional que son partes de uno solo. No obstante, el Estado de Derecho consagró su separación funcional y aunque el derecho estatal (legislado) prevalecía sobre el consuetudinario, el judicial, cuya independencia estaba arraigada en las costumbres, a pesar de que los jueces ya no declaraban o creaban el Derecho como los anglosajones, limitándose a interpretarlo, funcionó aceptablemente.   En España, el corruptor consenso monárquico decidió de acuerdo con su lógica, que el único poder que cuenta es el del gobierno; no bastaba degradar el Derecho, empezando por falsificar el concepto de Constitución: politizó definitivamente el poder judicial poniéndolo a su servicio. La historia es conocida. Y el creciente caos del gobierno, de clara tendencia totalitaria -para el totalitarismo todo es político y los tres poderes han de estar politizados-, dedicado a gastos más demagógicos descuidó atender las necesidades materiales del poder judicial. Y éste pone ahora en tela de juicio con su huelga, un tanto inconscientemente, la soberanía totalitaria del poder político, es decir, la soberanía del consenso.