La creación clandestina de Justicia Democrática despertó vivas simpatías en todos los sectores de oposición al Régimen. Dimos por supuesto que sus fundadores querían que el rectorado de los jueces fuera independiente del gobierno, del parlamento y de los partidos políticos. Pero cuando se fraguó el bloque reformador de las Leyes Fundamentales del Reino, los “jueces democráticos” aceptaron con gozo impúdico que los partidos del consenso se convirtieran en órganos del Estado; se financiaran con los impuestos del Fisco; se dieran un reglamento de estabilidad y reparto de las relaciones de poder estatal; se reservaran el control de los jueces; se adueñaran del poder constituyente; y bautizaran a ese reglamento de régimen interior, aprobado en referéndum popular, con el pomposo nombre de Constitución.   Aunque no haya conseguido uno solo de sus motivos y fines fundacionales, la asociación Justicia Democrática ha sido de enorme utilidad para la clase gobernante. Ha servido de vivero para el trasplante de jueces y fiscales al campo político nacional y autonómico. Ha procurado a sus miembros la ansiada fama de ilustrados de izquierda. Ha comunicado a la asociación un complejo mítico de superioridad de origen sobre las demás asociaciones. Se siente orgullosa de haber cambiado la conciencia del juzgador, desde la tradicional conciencia burguesa a una progresista conciencia de clase.   Estos antecedentes explican el amarillismo de Justicia Democrática ante la perspectiva de una huelga de jueces el próximo día 18 de febrero. Se alineó con el Ministro de Justicia contra el inicial “Movimiento 8 de octubre”. Utilizó los disparatados argumentos gubernamentales contra la legalidad de la jornada de paro convocada por las juntas de Murcia y Extremadura. Propagó la palabra treta, creada por el periódico “El País”, para delatar, como artificio engañoso y fraudulento, las reuniones preparatorias de la huelga, fuera del control de los TSJ y del CGPJ. Ante el éxito de la convocatoria en la concurrida reunión de la Plaza de Castilla y en el correo electrónico, asumió aparentemente las reivindicaciones judiciales, a fin de rebajarlas a meras peticiones, transformar la convocatoria del 18-F en simple acto de protesta y aplazar la huelga al 26 de junio, para que el gobierno tuviera tiempo de diezmarla. Conscientes de lo que se trama, las Asociaciones Francisco de Victoria y Foro Judicial Independiente se salen del caballo de Troya forense y se suman al paro judicial del 18-F.   florilegio   "En la clandestinidad, como en la marginación del consenso, las ideas más ideológicas son las menos leales a sí mismas en el momento decisorio."