El deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia y la trascendencia mediática de casos concretos en que éste se ha traducido en trágicas consecuencias ha llevado a que el portavoz del Justicia del PNV en el Congreso D. Emilio Olabarría considere no sólo “urgente” sino “imprescindible” la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), D. Carlos Dívar, para rendir cuentas al parlamento sobre el estado de la Justicia y dar explicaciones sobre los motivos de la levedad de la sanción impuesta al Juez Tirado. Tal iniciativa se ha visto respaldada por el Gobierno en pleno ya que en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, el propio Presidente Rodríguez Zapatero hizo suya la propuesta, que asumió como propia el mismo día el Grupo Parlamentario Socialista en la correspondiente sesión matinal.   Emilio Olabarría (foto: jkarteaga) Si Dívar siguiese el ejemplo de su antecesor, D. Francisco José Hernando, que al final de su mandato se negó a comparecer en el Congreso alegando que el Poder Legislativo no puede controlar al Judicial, Olabarría cree que “quedaría más descarnadamente acreditado el carácter endogámico de la Administración de Justicia, que la hace menos creíble ante los ciudadanos”, para añadir que “no acudir al Congreso sería una incongruencia con su discurso de toma de posesión que pondría aún más en evidencia la endogamia del Poder Judicial y dejaría frustradas las esperanzas de que el nuevo Consejo corrigiese las malas prácticas del anterior”. La postura de Hernando no era tanto fruto de la dignidad en arrebato de independencia, sino del simple conocimiento del fin de su periodo como Presidente del CGPJ. Por el contrario, la posición el Sr. Dívar es mucho más complicada dado lo reciente de su reciente elección y el largo mandato que aún tiene por delante, lo que hace previsible que la escenificación de la pleitesía institucional del llamado Poder Judicial finalmente se consume.   Que el Poder Judicial en su máxima representación acuda a dar explicaciones de su actuación al parlamento es tan escandaloso como la residencia parlamentaria del poder ejecutivo en el “banco azul” del gobierno en el Congreso de los Diputados. La subordinación al poder político de la Justicia cobra así dimensión pública de notoriedad ya que de producirse finalmente la funesta comparecencia nadie con el mínimo sentido común podrá creer en la función fiscalizadora de la Justicia sobre las actuaciones del poder político. Sin separación de poderes la Justicia no es contrapeso, sino peso muerto al servicio de la Razón de Estado que sólo los partidos administrativos del poder único se encargan de interpretar.