Una de las cuestiones que no se debaten en el presente político de la partidocracia española y europea es la planificación centralista de la economía: ¿Es necesaria la planificación financiera del Banco Central Europeo al estilo soviético? ¿No es una institución planificadora de las finanzas que escapa al control de una verdadera democracia representativa con separación de poderes? ¿Se opone el Estado de Partidos a una República Constitucional porque implicaría la reforma radical de dicho órgano de planificación económica?   Fernández Ordóñez jura su cargo (foto: casareal.es) Los Bancos Centrales han sido uno de los pilares fundamentales del Estado de Partidos. Se difunde, por todos los medios de comunicación e intelectuales, que son la consecuencia necesaria del keynesianismo o intervención económica del Estado -especifican: “del bienestar”- para evitar, de esa forma, el aumento de la inflación y la falta de crédito para las empresas y los ciudadanos, cuando en realidad la ciencia económica muestra que el funcionamiento de los mismos conduce a una recesión económica cíclica con un aumento de los índices de desempleo y todo lo que ello implica de sufrimiento para el pueblo. El mismo pueblo que supuestamente gobierna y decide su política económica. En verdad los Bancos Centrales son instituciones de política económica y financiera que escapan al control de los pueblos de cada estado de la Unión Europea: la prueba está en que los parlamentarios y gobiernos, nacionales y europeos, no podrían obedecer dos posibles mandatos libres y racionales de sus ciudadanos: 1) la reforma jurídica del depósito bancario a la vista que obligue a los bancos a un coeficiente de caja del cien por cien, y 2) la mayor o menor producción de papel moneda en los momentos que los ciudadanos decidan mediante sus representantes o gobierno.   La partidocracia defiende a una oligarquía por lo que es incompatible con la ética y la moralidad de que el depósito bancario se regule como todo depósito de bienes fungibles y que sea la sociedad la que decida el precio de los créditos en libre competencia; en cambio, tiene que legalizar un sistema de préstamos bajo el falso nombre de “depósito” y, a su vez, un sistema de intervención partidista, y sin control, de la cantidad de dinero en el mercado. Ello supone que el Estado de Partidos está obligado a provocar la recesión cíclica de la economía.