Está el Sr. Garzón empeñado en honrar la memoria de cientos de miles de represaliados dándoles una nueva sepultura. Nada que objetar, si son sus familiares quienes quieren buscar, exhumar y enterrar a sus antepasados. Fue este uno de los primeros signos de civilización en los antiguos humanos: respetar y enterrar a sus muertos; con el trasfondo simbólico y religioso que un acto tan simple puede tener.   Lo que pasa, es que los que hoy promueven la Ley de Memoria Histórica, son herederos directos de los que ayer firmaron el acta de defunción de la libertad política en España; personas como Felipe González y Santiago Carrillo, que traicionaron, pactando con sus verdugos, la memoria de miles y miles de torturados, represaliados y asesinados por el régimen franquista. Cientos de miles que dieron su vida por una España con libertad y democracia, y no por esto que tenemos a consecuencia de aquel pacto. Porque no puede haber libertad política allí donde el reparto del poder está pre-decidido, consensuado y cerrado por una oligarquía que sólo se representa a si misma, una y otra vez, desde la Transición. Siempre igual.   Carrillo y Fraga (foto: F. Pedro Ardiaca y galiciaefotos) Decir que a la muerte de Franco no quedó otra opción, alegando 'ruido de sables', es mentir; y firmar -a espaldas de la sociedad a la que no se preguntó- el reparto de prebendas estatales entre una oligarquía flanqueada por los dos personajes que aparecen en la fotografía… a eso, se le llama traicionar la libertad, la democracia, y de paso la memoria de todos aquellos que dieron sus vidas por poder disfrutar de tan altos valores algún día en España. Para honrar la Memoria Histórica, debemos ganar la libertad política que haga posible la democracia en España. Y no puede ganar nada, quien lo tiene todo a perder.   Por eso, la clase política no podrá liderar, aunque quiera, el movimiento hacia la libertad y la democracia en este país. Porque la libertad no es de nadie. Sólo eso, da sentido al nacimiento y existencia del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional.