Juan Saura, Consejero de Interior (foto: F. Pedro Ardiaca) El conseller de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, D. Joan Saura, ha calificado de “inadmisible” la actitud del Magistrado de la Audiencia Nacional D. José María Vázquez Honrubia en el juicio contra 16 jóvenes acusados de quemar fotografías del rey al considerar que el togado mantuvo una postura ofensiva sobre la lengua catalana. Esta vez llovía sobre mojado, ya que previamente Honrubia se vio obligado a repetir el juicio contra otros dos acusados al negarles un intérprete de catalán en el plenario. Las protestas del conseller son motivadas por los continuos chascarrillos del Magistrado en el acto del juicio ante el supuesto “bilingüismo” de alguno de los encausados que alternativamente se dirigían a la Sala en castellano y en catalán, a la vez que exigían el intérprete de esta última lengua.   Prescindiendo de cuestiones de fondo sobre el ilícito juzgado, que daría mucho de lo que hablar, la inexistencia de Poder Judicial auténtico dado su sometimiento efectivo al Poder Político único, queda ejemplificada una vez más en las formas en que se administra la Justicia. La paranoia procesal y lingüística del uso de intérprete en catalán ante la Audiencia Nacional sólo es equiparable a la indebida mordacidad mostrada por el Magistrado durante la sesión, ajena a la dignidad de la Justicia. Pero la prueba del nueve de la inexistencia de separación de poderes en España está en el contenido de las protestas del conseller, que tras reclamar respeto a la lengua catalana reprocha la actuación del Magistrado en sala señalando que “es inadmisible y pasa demasiado a menudo de alguna manera en la Administración de Justicia, y creo que el Ministro y el Consejo General del Poder Judicial han de ejercer acciones ante lo que es una ofensa, en definitiva, para la lengua catalana”. Tales afirmaciones demuestran una vez más quien “manda” en la Justicia. Constatan que la dirección y ejercicio de la potestad jurisdiccional reside en último término en el poder político. En un Ministro de Justicia elegido por el Gobierno, y en un Consejo General del Poder Judicial elegido mayoritariamente por el poder político. Las palabras del señor Saura subrayan la voluntad de fiscalización absoluta de la actividad judicial por la clase política.   Nos encontramos ante la pretensión posible del poder político de ejercitar potestad sancionadora sobre la Justicia. Y ante el ejercicio de hipocresía de quienes aplauden su intervención salvífica en casos mediáticos como el de la sanción al Juez Tirado y la critican en éste. La verdad es tal, la diga Agamenón o su porquero.