La existencia de una Justicia independiente es la única garantía que tienen los ciudadanos de su aplicación objetiva, evitando así su indeseable aplicación al albur de la coyuntura política o social del “momento procesal oportuno”. Al ocurrir precisamente lo contrario, el político avezado se sitúa por encima del Derecho, más allá del bien y del mal, con una autoridad moral perversa.   El comportamiento del Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo es paradigma de este actuar. El pasado día 9 de Octubre anunció con satisfacción la apertura de un Registro de Medidas Cautelares y Sentencias no Firmes, que ampliará el actual Registro de Penados y Rebeldes para saber si un ciudadano se encuentra inmerso en causa penal, aunque no se haya dictado resolución dotada de firmeza. Teniendo en cuenta la actuación judicial protocolizada para adopción de medidas cautelares en el orden penal, de un automatismo basado en la presunta conducta cometida en lugar de los indicios de culpabilidad, la simple sospecha alcanza categoría de mácula personal para quien tenga la desgracia de verse inmerso en la actividad instructora ordinaria de cualquier Juzgado. El archivo de más de la mitad de diligencias incoadas, la revocación de Sentencias en segunda instancia, así como la posibilidad de adoptar medidas cautelares en ilícitos menores, como son las faltas y su seguimiento por una policía administrativa, que de judicial tiene sólo el nombre, definen la propuesta ministerial como ejemplo de la limitación de la libertades personales a través del control político de la Justicia.   Bermejo político (foto: Lisergia) El Sr. Fernández Bermejo trata de reaccionar contra la lluvia de críticas tanto al funcionamiento administrativo de lo judicial, como a sus descaradas injerencias en las facultades sancionadoras del Consejo General del Poder Judicial frente al Juez Rafael Tirado. Si no, resultarían incomprensibles las declaraciones del Ministro al presentar esta medida, señalando que el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla, que dejó en libertad al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, será uno de los primeros en aplicarlo.