La novación política del CGPJ y del Tribunal Constitucional se oferta desde el nuevo gobierno con la cara amable de un nuevo “Pacto por la Justicia”. Para ello, el Ministerio subraya la necesidad de que los Colegios Profesionales implicados se involucren decididamente, recabando su activa participación. La configuración de los Colegios de Abogados y Procuradores como Administración Corporativa facilitará una vez más su sumisión a la voluntad política, acudiendo sin dudarlo a la llamada ministerial. La disposición política de fondos en materias tan importantes como la gestión de la Justicia Gratuita, y las promesas de fortalecimiento burocrático del control sobre los profesionales obligatoriamente integrados, servirán una vez más de elemento catalizador.   La última llamada a filas se saldó con la famosa Ley de Capacitación Profesional para el Ejercicio de las Profesiones de Abogado y Procurador, que regula el acceso a las mismas a través de un sistema de prácticas y créditos de postgrado obligatorio, rompiendo con el tradicional ejercicio libre desde la Licenciatura en Derecho. Hasta la referida Ley, la práctica capacitadora exigía del futuro Abogado o Procurador la dura pasantía o práctica apenas remunerada, con apoyo en las Escuelas de Práctica Jurídica dependientes de las Universidades, cuya voluntaria matriculación garantizaba el interés del futuro profesional.   La sinecura del acceso controlado por el Colegio pone en sus manos un poder otorgado políticamente, como burócratas del acceso y jueces de la capacitación profesional. La homologación de cursos impartidos por centros de formación concertados con los Colegios, y la propia matriculación en los mismos, ahora indispensable para poder ejercer, se unen a las prácticas puntuadas en macrodespachos reconocidos por la Ilustre Corporación. Los recursos colegiales se multiplican, y la integración en el consenso político-judicial se consuma.   Vista la experiencia, el honesto profesional debe permanecer, ahora más que nunca, alerta ante la renovación de un nuevo Pacto por la Justicia, observando atentamente los movimientos de la Administración Corporativa que le controla, para no convertirse en otro burócrata más del Estado de Poderes Inseparados.   Tribunal Supremo: (foto: P. M. G.)