Los componentes del nuevo Gobierno han sido presentados por su jefe como personas capaces de resolver los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad española. Ha glosado sus trayectorias y, en varios casos, el sexo de cada uno de ellos; y explicado las funciones que van a realizar para conseguir los objetivos de su programa electoral.   Palacio de la Moncloa Zapatero, con su aureola de utópico “buenismo”, no repara en que una parte importante de las competencias del Gobierno nacional, que nos llegan a través de programas y directivas, han sido trasferidas, por arriba, a la Unión Europea; y, por abajo, a las Comunidades Autónomas, que las ejercen a través de leyes, reglamentos o actos propios. La gestión de competencias tales como la política monetaria, el comercio y la industria; la sanidad, la educación, la cultura y la vivienda; las infraestructuras, la agricultura y los servicios sociales, no dependen exclusivamente de él.   Resulta  muy entretenido ver, como estampas de otra época, a los nuevos ministros jurar o prometer sus cargos, pero, ¿hasta dónde llegará la influencia de su gestión? ¿Qué impacto tendrán sus decisiones en la sociedad? ¿Con qué medios van a realizar las gestas prometidas?   En realidad, la mayor parte de los gastos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, por valor de 349.415 millones de euros, cantidad considerable para influir en la marcha de la economía nacional (un 35% del PIB previsto para este año), no es susceptible de cambios. Los grandes apartados, es decir, el mantenimiento de las instituciones y servicios públicos básicos del Estado (6,3%), las pensiones públicas (31,3%), las transferencias a otras Administraciones Públicas (18,8%) y los créditos destinados a pagar los intereses y el capital de la deuda pública en circulación (14,6%), apenas pueden variar . El peso de la acción gubernamental se va reduciendo, y sólo conserva la gestión de los impuestos no cedidos.   Así que el nuevo Gobierno únicamente tendrá la capacidad de maniobra que le otorga el 29% de los gastos, un poco más de 100.000 millones de euros, bastante menos que el total de gastos presupuestados por las CCAA para este mismo año, 173.593 millones de euros.