Bajo el titulo de “Huelga en Justicia”, nuestro editorial del día 27 de marzo defendió la justa causa de los diez mil funcionarios de la administración de justicia que hacen huelga, desde hace dos meses, para que el Ministerio deje de ofenderlos y agraviarlos, tratándolos de modo desigual que a otros compañeros que desempeñan el mismo servicio, y con la misma calidad, en otras Comunidades. El Ministro, Mariano Bermejo, anunció, con falsedad, que se había llegado a “un principio de acuerdo” para poner fin a la huelga. Mentira que fue evidenciada en un referéndum, con participación del 75 por ciento, donde nueve de cada diez funcionarios decidieron rechazar la oferta ministerial y continuar la huelga. Fortalecidos por la contundencia de los huelguistas, los sindicatos gestores han pedido la dimisión del Sr. Bermejo y el nombramiento de un mediador. El Ministerio enturbia más el conflicto al negar la validez de una consulta que, según él, no ha permitido participar a todos los trabajadores. Por su condición subordinada al partidista CGPJ, se explica el silencio de los jueces, pero es incomprensible que los Colegios de Abogados y Procuradores, tan afectados por esta justa huelga, no hayan manifestado todavía su apoyo a la misma. La huelga en la justicia tiene lugar cuando afloran muchos signos, meras puntas de iceberg, de otra huelga no declarada, pero más profunda y extensa: la huelga de la propia justicia. Una huelga de la funcion judicial, propiciada por la incompetencia, la negligencia, el corporativismo, el feminismo y la inoperancia del sistema. Cosa previsible estando sometido el feudo judicial al régimen de partidos estatales, sus verdaderos amos. Al mismo tiempo que el citado Ministro calificaba de anomalía excepcional el caso Mari Luz, y que el TSJ de Andalucía encausaba a la Juez de Motril, que dejó en prisión, más de un año desde la sentencia, a quien había sido absuelto, el Tribunal Supremo anula la condena de Martin Ponce -el terrorista del GRAPO (fundado por el hoy ensalzado Pío Moa) que asesinó a un policía-, a causa de la “concepción burocrática” de la policía judicial, la fiscalía y la Sala de la Audiencia, que no pusieron los medios ni el interés que requería la prueba de un asesinato presenciado por una testigo, declarada protegida y, sin embargo, no presentada en el juicio. florilegio "Nada está más lejos de la imparcialidad en la administración de la justicia legal que un sistema judicial concebido y gobernado en aras de la justicia electoral, distributiva del poder estatal entre partidos políticos."