Desde hace dos meses, los funcionarios de Justicia, agentes, auxiliares y oficiales están en huelga, lo que ha llevado a la paralización de la mayor parte de las actuaciones judiciales. Para los que tienen una visión de la Justicia como un mero servicio público, esto no es más que otro episodio en el ejercicio del derecho a la huelga de unos trabajadores. Pero la Justicia es, sobre todo, una Autoridad, uno de los poderes del Estado, el tercero conforme al clásico orden en que suelen enumerarse: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Que no se tramiten escritos, no se celebren vistas, no se practiquen diligencias ni se ejecuten sentencias, en definitiva, que los procedimientos no sigan su curso, afecta al derecho de los ciudadanos a obtener el amparo judicial. Así pues, la huelga se podría plantear como un enfrentamiento entre el derecho de los funcionarios a ejercer el derecho de huelga y el de los ciudadanos a disponer de la protección judicial de sus derechos e intereses. Resulta difícilmente concebible en el movimiento perpetuo del Estado que uno de sus poderes esté detenido durante una temporada. Lo que los funcionarios de Justicia han puesto precisamente sobre la mesa es una cuestión de manifiesta injusticia. El agravio comparativo que supone el que unos ganen más que otros por el hecho de desempeñar su trabajo en distintos territorios, siendo un cuerpo único, es una quiebra del principio de igualdad de retribuciones por el mismo trabajo. ¿Qué disposición de las cosas permite que unos funcionarios ganen en Cataluña cientos de euros más al mes que sus compañeros de Toledo? El paradójico principio de igualdad que emana de la constitución vigente (“todos somos iguales, pero unos más iguales que otros”), al parecer ha de ser interpretado a la luz del hecho diferencial, de las peculiaridades históricas, idiomáticas y étnicas de ciertas comunidades: eufemismos para encubrir la discriminación. Resulta incongruente acatar la Constitución y sorprenderse de sus efectos disgregadores. Si en la desigualdad, como decía J.J.Rousseau, está el origen de toda injusticia, en la carencia de libertad política de la “carta magna” que nos otorgaron, reside la desigualdad interregional. Expedientes acumulados (foto: M. González)