Liberación de la Justicia


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Pedro M. González

PEDRO M. GONZÁLEZ.

A Paco Corraliza, por la inspiración en el título.

Si la independencia orgánica y presupuestaria de la Justicia son requisitos indispensables para llegar a la separación de poderes, la mera existencia de un Ministerio de Justicia o Consejerías Autonómicas con dicha competencia transferida, resulta ontológicamente contraria a la Democracia. El concepto de Administración de Justicia pasa de significar modo o manera de hacer cumplir el Derecho, a definir la organización burocrática dependiente del ejecutivo destinada al cumplimiento de los fines de quien la organiza, paga y dota presupuestariamente.

La mera existencia de un Ministerio de Justicia es incompatible con la separación en origen de los poderes del estado. Si el Ministerio es quien paga y organiza materialmente la Justicia, ésta servirá a sus prebostes políticos. Y si el Ministro del ramo es nombrado por un Presidente del ejecutivo que a su vez es investido por la asamblea legislativa, cerramos el círculo vicioso de la inseparación. Uno para todos y todos para uno.

El estado de autonomías, en que cada competencia transferida se convierte en mercadeo de pactos inconfesables y es pieza de caza mayor de los sacrificios del consenso, multiplica el problema en proporción al reparto de las distintas áreas que conforman la jurisdicción. Bajo la excusa de una administración más cercana se duplican los lazos de dependencia. Esa cercanía se convierte así en vigilancia aún más estrecha. No sólo se ata a la Justicia, sino que además se hace en corto con otro eslabón en la cadena de inseparación.

El Ministerio de Justicia y las consejerías autonómicas con competencia en la materia deben desaparecer como necesario paso para alcanzar la Democracia en España. Sus atribuciones deben pasar a un verdadero órgano de gobierno de lo judicial elegido por todos los operadores jurídicos dotado de independencia económica, funcional y organizativa, que provea de medios y que determine tanto los destinos como la progresión en el escalafón judicial sin más interferencia externa que la Ley emanada de la Asamblea, el reglamento de desarrollo de tal legislación y la aprobación presupuestaria sobre la previsión de ingresos y gastos que elabore la propia Justicia para atender a sus necesidades. Y eso tiene un nombre, el que García-Trevijano le da en su magistral “Teoría Pura de la República”: Consejo de Justicia.

3 Comentarios a “Liberación de la Justicia”

  1. Paco Corraliza dice:

    Magnífico artículo, Pedro; explícito y sintético. Tan excelente como veraz el primer párrafo.
    ¡¡Muchas gracias por la inspiración!! Un abrazo. Amigo.

  2. Gonzalo dice:

    La causa de la justicia legal se encuentra en el conocimiento técnico de una judicatura libre del Poder del ejecutivo y del Poder del legislativo,por lo que no pueden ser imparciales ni decentes los pronunciamientos de una administración de justicia subordinada a los dos poderes.Mientras exista un ministerio de Justicia,la fiscalía actúe como un Ministerio y las maquinarias de los partidos intervengan en el enrolamiento y el ascenso profesional de los componentes de la judicatura,no se encontrará la menor señal de esperanza en que la justicia logre el prestigio de su libertad y la decencia de su función

  3. Paco Bono Sanz dice:

    Más claro, agua.

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