Parte de corrupción del PP: “móviles porno”, quitar multas a un sobrino y malversación


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El Partido Popular (PP) no vivió ayer uno de sus mejores días y eso se notaba en Génova 13, sede nacional del partido, donde sus servicios de prensa informan a Mariano Rajoy de lo que se mueve en la periferia de su partido por medio de sus dossiers diarios. Hasta tres altos cargos fueron acusados por corrupción y al menos dos de ellos tuvieron que amagar con su dimisión.

El más escandaloso ha sido el concejal ‘popular’ de Torrevieja (Alicante) Eduardo Gil, al que han sorprendido con una línea erótica de pago sufragada por sus vecinos, ya que el móvil era municipal. A otro, Daniel Plaza, lo han “cazado” con llamadas a teléfonos de contactos y servicios sexuales. Y lo más denigrante es que en plena crisis, Torrevieja paga 500 móviles a sus políticos, altos cargos y asesores, mientras sus contribuyentes se asfixian por los impuestos y el paro.

Según informa Europa Press, “el equipo de Gobierno del Ayuntamiento torrevejense acreditó el pasado viernes que el área de Nuevas Tecnologías había detectado que de las cerca de 500 líneas municipales de telefonía móvil, diez de ellas estaban sufriendo posibles engaños o fraudes vía mensajes de texto ‘premium’, por servicios “inadecuados” no contratados por los usuarios de los teléfonos. Los grupos de la oposición examinaron las facturas de telefonía del equipo de Gobierno de 2011 y detectaron que el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Gil, tenía contratado a través de internet un canal de pago de contenido pornográfico. Además, días antes, las facturas habían revelado que el móvil de Plaza, presuntamente, había sido utilizado para llamar a numerosos teléfonos de contactos y de servicios sexuales, extremo que el afectado negó.

 En Toledo también se ha detectado corrupción del PP. Según informa El Plural, “los inspectores de Trabajo de Toledo visitaron la empresa “Sandi Casas, S.L.” (Miguel Esteban-Toledo), propiedad de Roberto Ortiz Casas, sobrino del coordinador del Servicio Periférico de la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Marcelino Casas, donde hallaron a una niña ecuatoriana, de 14 de edad, y a una discapacitada, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, trabajando de forma irregular en el taller. Por el caso de la menor propusieron una sanción de 6.000 euros y por el de la discapacitada 3.100. La segunda se pagó, pero la primera fue recurrida y luego anulada.

 Por último, el periódico La Verdad informa del caso más grave en el orden político. El portavoz del PP en las Cortes valencianas, Rafael Blasco, dimitió de su cargo tras haber sido imputado en la causa sobre supuesta malversación de fondos públicos de ayudas para cooperación. Según indicaron fuentes del PP, Blasco mantendrá su escaño de diputado. El exconseller, imputado en la causa que investiga la supuesta malversación de fondos públicos para ayudas a la cooperación al Tercer Mundo durante su etapa al frente de la Consejería valenciana de Solidaridad y Ciudadanía, dijo que una imputación «no es más que una garantía procesal para defenderse», razón por la que no abandonará su escaño.

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